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Imagen de archivo de terrazas en la calle Joaquín Costa de Las Palmas de Gran Canaria. Cober

Las Palmas de Gran Canaria

Guerra del ruido: «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»

Los restauradores de Joaquín Costa muestran su «indignación» con la regulación de las terrazas que anuncia el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras desestimar sus alegaciones

David Ojeda Merino

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025

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La Asociación de Restauradores de Gran Canaria reacciona a la regulación anunciada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre los horarios de las terrazas de la calle de Joaquín Costa y lo hacen haciendo evidente su indignación. Recurriendo al latinajo falsamente atribuido a los gladiadores de la antigua Roma dejan al final de su nota un negro presagio: «Alcaldesa, los que van a morir te saludan».

Por sorpresa, el gobierno de la ciudad, desde su área de Urbanismo enviaba este martes una nota de prensa, que se anticipaba a la publicación de la resolución este miércoles, en la que señalaba que se establece un horario único de funcionamiento para todas las terrazas ubicadas en el ámbito delimitado de 08:00 a 22:00 horas, con media hora adicional para el desalojo y limpieza (hasta las 22:30 horas) todos los días de la semana.

Esta noticia ha causado gran impacto en los restauradores, que no entienden para que han formado parte de reuniones y entregado documentación al concejal Mauricio Roque, al que acusan de desoir todos sus argumentos y abocarlos a un complejo escenario económico.

Lo que esgrime el consistorio, con los antecedentes de una sentencia judicial de años anteriores, y el conflicto vecinal que se instauró en su día, es que esta resolución resolución actúa en el entorno de las calles Joaquín Costa (entre las calles Lucas Navarro y Fernando Guanarteme), Los Martínez de Escobar y la plaza Fray Juníperos, conocida popularmente como de Los Betancores. «El objetivo es compatibilizar la actividad de restauración con el derecho al descanso de los vecinos y vecinas de la zona», expone.

Además, la misma nota señala que los estudios técnicos realizados confirmaron la necesidad de adoptar limitaciones horarias, tras constatar que las actividades de hostelería generan molestias que superan los umbrales de ruido permitidos en la zona.

Concejal lamentable

Los restauradores salen al paso de esta noticia, un jarro de agua fría que en cierto modo esperaban, indicando que «es lamentable que el concejal Mauricio Roque, nos haya pedido un informe técnico de medidas, con las cargas económicas que ello conlleva, nos haya dado esperanzas argumentando que después del mes de agosto nos reuniríamos y buscaríamos una solución, para luego emprender esta estocada que nos deja traspuestos, sin aliento... Poniendo en peligro a familias, a sus medios de vida».

Los responsables de estos negocios no comprenden que todo se fundamente en la sentencia de 2022, sin comprobar que los elementos acústicos y las molestias que se producían en aquellos tiempos se sigan produciendo.

Ante eso, indican que «la pasividad de este ayuntamiento, la ineficacia y la no asunción de tareas para esforzarse en resolver la situación de hoy, queda reflejada cuando no se han puesto los medios necesarios para elaborar un informe actualizado, que recoja el sentir de las partes, las cuestiones técnicas a debatir y sus múltiples posibilidades de resolución. Se basan en un trabajo realizado en el año 2022, último año donde este ayuntamiento trabajó».

Alegaciones desestimadas

Los restauradores de la zona han presentado documentación que defienda su postura, en alegaciones que ha liderado su abogado Yeray Alvarado. Estas han sido todas y cada una de ellas trituradas por la resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha rechazado cada una de ellas.

Entre estas, se señala que existe una diferencia de criterio entre la zona afectada por la resolución y otras del mismo entorno. «El estudio acústico que se nos traslada, no se justifica el concreto ámbito analizado en el mismo, excluyéndose inexplicablemente importantes núcleos de actividad de ocio y restauración como es la Plazoleta Farray y sus aledaños, además de la confluencia de las calles Joaquín Costa, Emilio Zola y Tomás Alva Edison; lo que supone un claro agravio comparativo y un trato desigual ante la Ley de situaciones absolutamente equivalentes, que perjudica a mi mandante y favorece injustamente a locales de la zona situados fuera del ámbito del estudio, competidores directos en el mismo sector económico», argumenta.

A su vez, pone especialmente el acento en el que los datos del estudio no están actualizados, siendo el año 2022 el de los datos tomados como referencia, expone que hace más de tres años que no se interpone ninguna denuncia por ruido o molestias por parte de los vecinos o que los funcionarios que elaboraron el informe deben ser recusados porque no son funcionarios de carrera.

Todos estos elementos son contestados en la resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que expone que ninguna de estas circunstancias interfiere en la decisión ya tomada y que se encamina a una nueva respuesta judicial por los restauradores afectados por la ordenación impuesta.

Críticas de la oposición

A raíz de la resolución los partidos de la oposición en el pleno municipal han pedido la palabra para criticar la gestión del gobierno. Es el caso del Partido Popular, que asegura ponerse del lado de los empresarios afectados en este caso. «Seguimos viendo cómo, en relación con la restauración y la necesaria conjugación del derecho al ocio y al descanso, el Ayuntamiento prefiere imponer y llevar los asuntos a los tribunales antes que sentarse a hablar con todos los actores -vecinos y empresarios- para alcanzar consensos y definir un proyecto serio y atractivo de zonas de ocio en la ciudad»; dice la portavoz de la formación conservadora Jimena Delgado.

En este caso, apunta la edil popular, «ni el grupo de gobierno ha entendido el verdadero problema ni la alcaldesa Carolina Darias se ha puesto al frente para dirigir una solución integral. Las imposiciones están desplazando el conflicto a otras áreas y amenazan con romper la convivencia, además de dañar a un sector dinámico del que presumen muchas ciudades en España».

Por ello apunta que «es evidente que esto volverá a judicializarse, por lo que veremos nuevamente como es un juez quien gestiona la vida pública de la ciudad ante la ausencia de Darias en los asuntos importantes».

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