Casi 7.000 familias han recibido tarjetas para la compra de comida durante la crisis del covid-19

A medida que avanza el año, la herida social que ha causado la pandemia del coronavirus va dando muestras de su profundidad. En el informe de la ejecución presupuestaria de 2020, relativo al tercer trimestre, ya se contabiliza la partida habilitada para ofrecer tarjetas recargables con las que sus beneficiarios pueden comprar alimentos en una cadena de supermercados. La cantidad que se puso a disposición de esta ayuda fue de 2,08 millones de euros, de los que ya se ha reconocido facturas por valor de 1,7 millones de euros. Y eso hasta septiembre. Desde ese momento, según confirmaron desde el área municipal de Servicios Sociales, que dirige la concejala Carmen Luz Vargas, se han añadido otros 600.000 euros.

Esta ampliación se produjo en noviembre, de ahí que todavía no tenga reflejo en los documentos trimestrales de ejecución presupuestaria. Y se hizo para distribuir las ayudas en unas 2.000 tarjetas en noviembre.

Desde que se inició la crisis, el Ayuntamiento ha ofrecido ya esta ayuda para la adquisición de alimentos a casi 7.000 familias. Los bonos están cargados con cantidades que oscilan entre los 150 y los 500 euros, en función del número de miembros que forman la unidad familiar.

Otras dos partidas dan muestra del esfuerzo que ha habido que asumir para cubrir las necesidades básicas de los vecinos de la capital grancanaria. Se trata de las prestaciones de emergencia y especial necesidad, que presentan ya un nivel de ejecución del 68% (un 18% más que en el segundo trimestre) y de las transferencias directas a diversas organizaciones no gubernamentales, que han sido pagadas al completo respecto a la previsión presupuestaria de todo el año.

Pese a esta tensión presupuestaria, el nivel general del gasto social municipal se queda en un 37% del total, con lo que el Ayuntamiento todavía tiene una importante capacidad de mejora. Este porcentaje está muy marcado por los bajos grados de ejecución que muestran el servicio de ayuda a domicilio (1,9%), motivado por el cambio de empresa concesionaria; la partida de que se nutre el IBI social y convenios con ONG (3,8%) por la congelación de las ayudas para los gastos de la vivienda habitual; y por el hecho de que no se ha contabilizado ni un euro de los 3,5 millones que se destinan a Guaguas para subvencionar los billetes de parados y estudiantes.

En cuanto a las ayudas de alquiler presentan un nivel de ejecución algo inferior al 63%, con un poco más de 750.000 euros empleados hasta septiembre.

Desde la oposición se criticó ayer el bajo nivel de materialización de las inversiones. Así, la portavoz del PP, Pepa Luzardo, aseguró que «esta ejecución demuestra el nivel de gestión de este Ayuntamiento que es pésimo. El alcalde solo se preocupa de salir guapo en las fotos y en sus vídeos promocionales y no está en el día a día de la gestión de la capital. Ahora se requiere más acción y ejecución que nunca y somos un ejemplo justo de lo contrario. Ya no pueden seguir viviendo de las rentas que le dejó el PP en materia de gestión y vemos cómo no se ejecuta en tiempo y forma ni una sola obra en el municipio».

Para la portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, el dato de los diez días de periodo medio de pago «es una falacia» y pidió que el tiempo se mida desde que se registra la factura y no desde que se reconoce la deuda.

Por su parte, el concejal de CC-UxGC, David Suárez, lamentó que el alcalde, Augusto Hidalgo, «solo se haya gastado cuatro millones de euros de inversiones respecto al trimestre anterior». Por eso, se pregunta «cómo pretende el alcalde mejorar la crítica situación económica de la ciudad si no es capaz de invertir el dinero público que tiene presupuestado». Y añadió que el tripartito «no se puede refugiar en la excusa del covid-19 para ocultar su mala gestión económica».