El juez archiva las diligencias contra Onalia Bueno por la compra de votos
El magistrado asume las tesis de la Fiscalía respecto al delito electoral, pero recuerda que hay cuatro piezas más separadas y pendientes
El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana ha acordado el archivo de las diligencias penales abiertas contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, dos de sus concejales, Mencey Navarro y Tania Alonso, y varios trabajadores, vecinos y un empresario por la compra de votos en las elecciones municipales de 2011, 2015 y 2019.
El magistrado titular del juzgado, Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas, en un auto fechado este 16 de marzo y notificado este jueves a las partes, asume las tesis de la Fiscalía y las considera, según expresión textual, «plenamente acertadas», tanto al considerar que el posible delito electoral que pudo haberse cometido en 2011 y de 2015 estaría prescrito, como al apuntar que respecto al de 2019 no queda debidamente justificada la perpetración del ilícito.
El sobreseimiento de las actuaciones practicadas sobre los comicios de 2011 y 2015 es libre y tiene carácter definitivo, mientras que el de las diligencias vinculadas a los de 2019 es provisional.
Con todo, esta decisión no cierra la causa al completo. El propio juez recuerda en su resolución que en un auto del 28 de julio de 2021 acordó desglosar de estas diligencias otras cuatro piezas separadas, que estarían aún pendientes de instruir. Ni siquiera es firme ese desglose, como este jueves informó Canariasahora.com, porque lo recurrió uno de los investigados, el empresario Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín. El instructor rechazó ese recurso de reforma, pero la representación legal de Oller aún puede apelar esa decisión ante la Audiencia de Las Palmas. Si la ratifica el órgano provincial, entonces el desglose cobrará firmeza y se remitirán las actuaciones al Decanato para su reparto aleatorio en los juzgados.
Una de las piezas tiene que ver con un supuesto delito contra la administración de justicia cometido por Bueno y Navarro al ordenar desconectar el acceso dado a la Guardia Civil al servidor del Ayuntamiento; otra, con el aumento de complementos salariales aprobado para 8 empleados públicos, supuestamente vinculados a Ciuca; otra, con contratos suscritos por Arpiplan SL y un autónomo con el Ayuntamiento, y otra, con un informe sobre el empresario Luis Oller, con intereses económicos y urbanísticos en Mogán, y su posible vinculación con la financiación de Ciuca.
