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El archivo de la revisión de oficio de la compra de Amurga queda aplazado

El archivo de la revisión de oficio de la compra de Amurga queda aplazado

El Cabildo deja sobre la mesa la toma de conocimiento del dictamen del Consultivo que anula su acuerdo y propone continuar con la adquisición

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de mayo 2021

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El Consejo de Gobierno Insular dejó ayer sobre la mesa el archivo del expediente de revisión de oficio de la compra de 4,66 millones de metros cuadrados de suelo rústico en Amurga, aprobado en diciembre de 2018 y sin materializar, que el Cabildo acordó abortar en febrero de 2021 alegando que es de imposible incumplimiento al existir dominio público hidráulico no previsto en el acuerdo de adquisición.

La propuesta aplazada incluye la toma de conocimiento del dictamen de 16 de marzo del Consejo Consultivo de Canarias, solicitado por el Cabildo tras acordar la revisión de oficio, que concluye que «no concurre la causa de nulidad de pleno derecho invocada», por lo que la revisión de oficio del acuerdo de adquisición de las fincas de Lomo Gordo, Umbría de Fataga y Amurga, colindantes entre sí, «no es conforme a derecho».

Entre los 22 dueños del suelo rústico que el Cabildo decidió adquirir por 4,06 millones de euros, a privados interesados en vender terrenos situados en comarcas preferentes para la reforestación, están la mujer y sus cinco hermanos del presidente de NC y vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, propietarios del 50%.

El dictamen del Consultivo sostiene que el porcentaje del suelo afectado por la falta de deslinde, inferior al 1%, «no tiene trascendencia» ni cuestiona la actuación. «La invalidez, todo lo más, sería parcial y limitada» a los 48.107 metros cuadrados afectados. Y la exclusión de esos cauces, mantiene, puede hacerse en la ejecución de la compra «sin tener que volver, por consiguiente, al inicio del procedimiento».

Además, subraya que eso es lo que han manifestado las dos alegaciones a la revisión de oficio de dueños de los terrenos y lo que sostuvo el propio Cabildo en el escrito de contestación a la demanda judicial puesta contra el acuerdo de compra por el consejero del PP. Daniel Reyes y todavía pendiente de resolver.

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