En la imagen, José María Hernández de León durante la vista oral. / F. J. F.

Tribunales

La Fiscalía recurre ante el TS la absolución de Hernández al ver delito en los hechos probados

El Ministerio Público no comparte la «desenfocada argumentación técnica» que empleó el TSJC para motivar la absolución

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha interpuesto un recurso de casación sobre la sentencia del TSJC que absolvía a José María Hernández de León -exjefe de Costas de Canarias- de los delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público por la autorización que otorgó para el inicio de las obras de la playa de Anfi Tauro. El Ministerio Público presentó ante la Sala Segunda del Alto Tribunal un recurso basado en el escrito de preparación redactado por la Fiscalía Superior de Canarias, que considera que el TSJC ha incurrido en una infracción del precepto legal puesto que no aplican en su fallo absolutorio la norma penal al interpretar que los hechos no merecen dicho castigo, en contra de la tesis planteada por la Fiscalía que sí ve delito en el proceder de Hernández de León.

Hay que recordar que la Sala de lo Penal del TSJC absolvió a Hernández León de los delitos por los que fue condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial, por su proceder en el desarrollo de los hechos que llevaron al inicio de las obras de regeneración de la playa de Tauro, en Mogán. Los trabajos fueron paralizados poco tiempo después, la cala sigue a día de hoy cerrada al público y recientemente Costas anuló la concesión de Tauro al Grupo Anfi por incumplir las cesiones de terreno necesarias para expandir la playa.

El recurso de la Fiscalía del Supremo no pretende reabrir por tercera vez el debate fáctico de los hechos, sino de valorar las razones dadas por el TSJC para tachar de carentes de tipicidad los hechos declarados probados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Prevaricación administrativa

En lo que respecta a la prevaricación administrativa, el Ministerio Fiscal argumenta que no puede compartir la « desenfocada argumentación técnica que emplea el TSJ para restar tipicidad a una conducta claramente típica». Abunda en que es «altamente arbitrario» «la autorización verbal de obras, dentro de una concesión demanial, en contra del marco normativo» impuesto en la Orden Ministerial.

Entiende la Fiscalía que el acusado era la única autoridad competente que tenía facultad para la concesión de la autorización de la ejecución de las obras de regeneración de la playa «sencillamente, porque el lugar de su emplazamiento y ejecución era de dominio público y no se trataba, por tanto, de una autorización que pudiera ser efectuada ni por una competencia municipal ni por una competencia autonómica». Por ello, «pretender revestir de acto no grosero» la autorización verbal de ejecución de una playa en dominio público «nos parece sumamente erróneo», afirma la Fiscalía.

«Identificarse con la línea de razonamiento que late en la sentencia del TSJ a partir de la cual hay que considerar que la ejecución de las obras para la construcción de una playa autorizadas de manera verbal como un acto atípico porque es un acto carente de arbitrariedad», es, a juicio del Ministerio Fiscal, «un desenfocado entendimiento» de lo que se trataba de proteger por la Orden Ministerial y el marco jurídico impuesto a la máxima autoridad canaria de Costas.

Se protegía «nada más y nada menos que el litoral canario y la zona marítimo terrestre» el jefe de Costas se «apartó groseramente de este marco normativo impuesto» por la Orden Ministerial no atendiendo presuntamente «a los impedimentos puestos de manifiesto por el ingeniero de caminos» quien a juicio de la Fiscalía « soslayó las advertencias de ilegalidad evidenciadas en visitas de inspección por técnicos del Ministerio», y pese a tener conocimiento de los incumplimientos, «decidió autorizar de palabra el comienzo de las obras para la ejecución de una playa, y alteró conscientemente la realidad en el acta de replanteo».

Los hechos probados fijan, para esta parte, « desde su inmutabilidad una clara conducta prevaricadora» y añade que argumentar como hace el TSJC «que ante la transcripción de estos hechos probados no se está ante una conducta arbitraria es avanzar hacia la impunidad. {...} Afirmar que este comportamiento del funcionario público no es grosero es eliminar de un plumazo toda la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la concepción penal de la arbitrariedad en el delito de prevaricación administrativa», determina.

«Es notorio que el acusado actuó de manera arbitraria, con desviación de poder y con omisión del procedimiento legalmente establecido», finaliza la Fiscalía en su escrito de casación.

Las presuntas irregularidades cometidas por el exjefe de la Demarcación de Costas le valieron para ser condenado por la Audiencia a tres años de prisión y nueve de inhabilitación. Sin embargo, el TSJC lo absolvió al no ver delito en su proceder en el caso Anfi Tauro.

Imagen del Tribunal y el fiscal en la vista.

Es «irracional, absurdo e ilógico» que no merezcan «reproche penal»

En lo que refiere al delito de falsedad documental, la Fiscalía vuelve a entender que el TSJC, en su absolución, incurre en una infracción de precepto penal sustantivo al despreciar las normas que configuran el hecho delictivo de la falsedad documental, es decir, acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad y que deben ser subsumidos en el referido tipo penal.

Argumentan en su casación que no comparten los razonamientos del TSJC que «ofrece una «visión muy limitada y parcial en el análisis fraccionado y sintetizado de todos los hitos falsarios declarados probados».

El tipo penal de la falsedad ha sido cometida por el acusado, según el fiscal, al incorporar en un documento oficial «afirmaciones falsas e inexistentes» con la «única finalidad de aparentar un cumplimiento legal de lo que su arbitraria conducta le llevó a incumplir». Insiste en que se declaran probados «muchos hitos inveraces, por ser contrarios a lo realmente sucedido y todos ellos han de entrelazarse» como son la predatación de la firma del acta de replanteo, el no recoger en la misma las consideraciones técnicas del ingeniero convocado a la firma sino sólo su decisión de tenerlas por resueltas de inmediato, la exclusión de la firma del ingeniero e introducir el documento con fecha 4-2-2016 pero enviarlo e incorporarlo al expediente el 20 de abril de 2016 y, todo ello, «para adecuar correctamente el juicio de la tipicidad», determina. «Es irracional, absurdo e ilógico que estos hechos probados no merezcan reproche penal», determina la Fiscalía.