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El representante de la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido archivar la causa en la que se investigaba a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, por un supuesto amaño de un proceso de mediación judicial para tratar de favorecer económicamente con dinero público a un empresario en agradecimiento por su contribución a la campaña electoral de la líder entonces de Ciuca, ahora de Juntos por Mogán.
Esta es una de las cuatro piezas separadas del procedimiento judicial por el que se indagó también a Bueno por un presunto caso de compra de votos en Mogán y que fue archivado definitivamente. De las cuatro, ya hay una sobreseída y esta depende ahora del juzgado.
La Guardia Civil sostenía que el gobierno local que presidía Onalia Bueno había incurrido en 2019 en una compensación irregular de dinero a favor de la empresa Cornisa del Suroeste, que desde 2015 le reclamaba al Ayuntamiento 853.415 euros por facturas de jardinería y limpieza viaria en la urbanización Las Lomas II. Tras la mediación y al restarle créditos que a su vez le reclamaba el consistorio, el Ayuntamiento abonó a la empresa 475.092 euros.
El fiscal Erik Quintana Kwak, en un escrito que data del 16 de mayo de 2024, advierte la «absoluta ausencia de indicios acerca de las afirmaciones realizadas por la Guardia Civil sobre que el acuerdo que habría motivado las presentes actuaciones era una suerte de retribución» al empresario Luis Oller «en pago por su contribución a la campaña electoral de Ciuca» en 2015.
Así las cosas, Quintana se ha dirigido al Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana para solicitar el sobreseimiento de las actuaciones que se habían abierto al considerar que «no existen indicios bastantes de la perpetración del hecho» que dio lugar a estas diligencias.
Esta petición de archivo beneficia también a los otros cinco investigados en este caso, al primer teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Mencey Navarro; a David Chao, secretario entonces del Ayuntamiento de Mogán, a Salvador Álvarez, coordinador general del consistorio; a Gonzalo Martínez, interventor municipal, y al propio Oller, empresario y representante legal de Cornisa del Suroeste SA.
El fiscal centra su argumentario en que el proceso de mediación fue validado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que no apreció en aquel acuerdo que fuera «contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros». No en vano, sostiene el fiscal, el juzgado tuvo a su disposición todas las facturas y no vio nada irregular y «todos y cada uno de los técnicos que intervinieron afirmaron que «no habían sufrido presión alguna».
Quintana justifica en su escrito por qué no aprecia un delito de prevaricación en esta causa y entre los argumentos a los que recurre figura el hecho de que no hubo nunca ocultación del material documental que dio pie al acuerdo.
«No parece lógico que quien ha prevaricado, y desea ocultar tal delito, aporte voluntariamente la totalidad de la documental a un órgano judicial». Y en tanto que no ve prevaricación, el fiscal hace decaer los delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación.
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