Los expertos apuestan por un PMM para especializar los usos en zonas turísticas

Expertos vinculados al análisis del sector turístico apuestan por un plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad (PMM) como instrumento urbanístico más ágil y más eficaz para avanzar hacia la especialización de usos en los planeamientos de los enclaves turísticos, fórmula esta última que, en su opinión, permite reconocer el fenómeno de la residencialización de ciertos complejos turísticos sin comprometer el futuro de todo el sector.

Esta fue una de las conclusiones que este viernes se debatieron y se consensuaron en la segunda y última jornada del taller 'Áreas residenciales y áreas turísticas', que fue organizado en el marco de la Universidad de Verano de Maspalomas con la colaboración de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), representada por Fernando Estany, presidente de la AEAT, la patronal extrahotelera.

Antonio Garzón, economista experto en turismo que recibió el encargo de sintetizar las principales ideas de este curso en 10 conclusiones, recordó ayer que, como abundó en su ponencia, Pedro Pablo Monzón, director técnico de Planeamiento del Cabildo, ya en el Plan Insular de Ordenación (PIO) de 1995 se instaba a los ayuntamientos a modificar sus planeamientos para especializar los usos en zonas turísticas.

Esta solución urbanística, previo estudio pormenorizado, parcela a parcela, permite despejar si un complejo turístico ha sido residencializado y ha dejado de cumplir el papel para el que se construyó. Tanto el PIO como la legislación actual, abundaron estos expertos, instan a modificar el planeamiento y reconocerle ese nuevo uso.

Pero eso sí, esta fórmula solo es factible para parcelas o complejos enteros, porque otra de las conclusiones que salieron de este encuentro formativo es la incompatibilidad de los usos residencial y turístico. Es decir, o el complejo es residencial o es turístico, y así se ha recogido en las sucesivas leyes que se han venido aprobando, ya desde las directrices de 2003.

Entre las ideas-resumen del taller figura también que el coste de cada unidad alojativa que se pierde es de 31.102 euros al año y 6,3 puestos de trabajo, que no es viable recurrir a la residencialización en zonas turísticas para resolver la emergencia habitacional que se vive en las islas, que el principio de unidad de explotación sigue siendo eficaz, aunque sea factible «darle una vuelta» o que hay que reforzar el concepto de que cuando el ciudadano compra un inmueble en zona turística no adquiere una vivienda, sino una unidad de una actividad económica, como un local comercial.

Además, se puso sobre la mesa el fuerte impacto del alquiler vacacional, la incompatibilidad con la ley vigente y con el PIO de la ordenanza provisional de los usos mixtos en complejos turísticos que promueve San Bartolomé de Tirajana, la estrecha vinculación entre residencialización y alquiler vacacional y la constatación de que «la residencialización no tiene cabida en una economía tan dependiente del turismo».

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