El dueño de los restaurantes de Puerto Rico advierte: defenderá sus derechos
El mayor afectado por la sentencia de la Audiencia Nacional confía en una solución pactada. | Mientras, el Ayuntamiento también peleará por la concesión
El empresario que gestiona la mayoría de los restaurantes afectados por la concesión cuya prórroga Costas ha negado a Puerto Rico SA confía en llegar a una solución satisfactoria para todas las partes que le permita incluso conservar los locales abiertos y los puestos de trabajo, pero también deja claro que sabe cuáles son sus derechos y, de hecho, advierte de que tendrán que indemnizarle si al final le obligan a salir del paseo de esta playa de Mogán.
Pablo González mantiene varias vías abiertas de cara a la coyuntura legal que se le viene encima si finalmente cobra firmeza la última sentencia de la Audiencia Nacional, que en junio pasado desestimó el contencioso que Puerto Rico SA interpuso contra la resolución de Costas que en 2020 le negó la prórroga de la concesión de la que venía disfrutando esta empresa desde 1972.
González no es el concesionario, pero gestiona esos locales fruto de contratos que suscribió con la todavía concesionaria (el último fallo aún no es firme, es recurrible al Tribunal Supremo), por lo que, de confirmarse la pérdida de ese permiso administrativo, sería uno de los principales perjudicados. No en vano, tiene a su cargo los restaurantes El Pirata, Gran Canaria, Tiburón, Venecia y Atlanta. Y no solo eso, los tiene inscritos a su nombre, o de una de sus empresas, en el Registro de la Propiedad. «Si quieren que me vaya de aquí, tendrán entonces que expropiarme».
En todo caso, González no se pone aún en ese escenario. De entrada, él mismo ha dado ya el paso de solicitar la concesión que ahora Costas le ha negado a Puerto Rico SA. Calcula que de eso hace ya más de un año y confía en que sus años de presencia en la playa tengan algún peso en la decisión que se adopte. Recuerda que estos locales llevan operativos desde hace más de 50 años.
Tampoco se le escapa a González que la pérdida de la concesión no será el único frente contra el que tendrá que lidiar. Por los datos que maneja, Costas incoó en su día expediente de demolición a varios de sus locales por invadir suelo de dominio público. No en vano, esta fue una de las causas esgrimidas por Costas para negarle la prórroga a Puerto Rico SA, por incumplir los requisitos de la concesión y ocupar más suelo del permitido.
En este caso, González se considera perjudicado en su condición de 'tercero de buena fe'. Cuando compró los locales no sabía que estaban fuera de la ley, porque, entre otras cosas, como aclara, estaban en la playa antes de que entrara en vigor la Ley de Costas, que data de 1988.
Cree que los afectados serían el Atlanta y una esquina de El Tiburón. Hay un tercero en discordia, el Golden Beach, pero no es de su propiedad. Sin embargo, en el texto de la última sentencia, en el relato de sus fundamentos jurídicos, se da cuenta de una resolución de Costas de marzo de 2002 que acordaba recuperar de oficio la posesión del dominio público y citaba al espacio ocupado por todos los restaurantes, Gran Canaria, El Pirata, El Tiburón, Golden Beach y Venecia, y los kioscos, ambos situados sobre la arena, Playa y Zako Fante. González aclara que aquella resolución hacía referencia al cerramiento de las terrazas y que, de hecho, ya se ejecutó. Insiste en que el derribo como tal solo afectaría al Atlanta, al Golden Beach, a parte de El Tiburón y a los dos kioscos, que están emplazados sobre la misma arena.
El Ayuntamiento de Mogán sí tiene claro que varias de esas edificaciones infringen la legalidad urbanística y su apuesta futura pasa por restablecer la realidad física alterada. Con esa filosofía de fondo y con el propósito de invertir para mejorar y rehabilitar el paseo, en marzo pasado acordó en pleno solicitar a Costas la concesión de la playa, el paseo y el espigón de Puerto Rico, espacios que abarcan 31.460 metros cuadrados.
Otro frente judicial por locales en propiedad en suelo concesionado
En la maraña administrativa y judicial generada en torno a la concesión de la playa de Puerto Rico se abre otro frente. El empresario que gestiona la mayoría de los locales del paseo afectados por la Ley de Costas asegura que los compró y que los tiene inscritos a su nombre o de una de sus empresas en el Registro de la Propiedad. El Gran Canaria, de hecho, se lo adquirió al Estado en subasta pública. Es uno de sus argumentos para exigir una posible expropiación, pero en el Ayuntamiento de Mogán, que le disputará la concesión de la playa ante Costas, sostienen la tesis de que todos esos actos, acuerdos o contratos decaen con la pérdida de la concesión. Entre otras cosas, porque no se puede ser dueño de un suelo que es público y que, por tanto, no puede ser enajenado.
