La Delegación del Gobierno destruirá «en breve» las pateras amontonadas en Arinaga
medio ambiente ·
Agüimes protestó de forma enérgica por la decisión de trasladar las embarcaciones a una parcela ubicada casi al lado mismo del barrio
La Delegación del Gobierno de España en Canarias informa de que las pateras que trasladó recientemente de un sitio a otro en Agüimes «se destruirán en breve» y que «está trabajando de forma coordinada con todas las administraciones para la toma de decisiones respecto a la ubicación más adecuada».
Hasta hace algo menos de un mes, todas estas embarcaciones, traídas, en su mayoría, de Arguineguín (Mogán), y producto de la inmigración irregular, estaban dentro de las instalaciones del Puerto de Arinaga, en un lugar poco visible, pero la Delegación decidió mudarlas a una parcela en el polígono industrial de Arinaga que está, además, muy próxima al barrio, lo que no tardó en generar malestar, tanto entre los vecinos como en el propio Ayuntamiento.
El alcalde Óscar Hernández, que se quejó públicamente en cuanto supo dónde las habían recolocado, ha estado en conversaciones durante estos días con las distintas administraciones implicadas y avanza a este periódico que el compromiso que le hizo llegar la Delegación era que las pateras empezarían a ser retiradas para su destrucción definitiva en un plazo de quince días.
Con vistas desde el flanco sur de Playa de Arinaga
Esta especie de cementerio de pateras y cayucos está a la vista de una de las calles del polígono fabril de Arinaga, junto a la rotonda en la que desembocan las vías del Canal, en un solar próximo a las salinas de Arinaga. Si uno mira al sur desde la calle Almirante Arriaga, que es la vía del barrio que linda con el polígono, tiene la sensación de que ese vertedero está metido en el pueblo.
Y lo cierto es que llevaban bastantes meses en el municipio en otro depósito improvisado, pero que estaba localizado en una parcela más próxima al muelle, dentro de las instalaciones del Puerto de Arinaga, que depende de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Sin embargo, y por encargo de la Delegación del Gobierno, un grupo de operarios las trasladó al punto donde están ahora.
El organismo estatal insistía en su breve anuncio de este jueves que el espacio en el que están emplazadas se los cedió la Autoridad Portuaria, pero Hernández mantiene que ese suelo fue desafectado al puerto y que ahora es de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), organismo que depende del Cabildo. Tras las consultas que aquellos días hizo el propio alcalde, ni a la SPEGC les consta solicitud alguna de permiso ni, en todo caso, tampoco lo habían dado.
El malestar de Hernández era doble, por el fondo, porque entendía que no es admisible que una administración pública amontone residuos en un lugar no permitido, y por la forma, porque se quejaba de que al Ayuntamiento ni se le informó de la decisión adoptada. Mandó a la Policía Local y levantó un acta.
