Foto de archivo del ordeño en una explotación ganadera en Gran Canaria. / C7

El Cabildo insta a un «esfuerzo de todos» para salvar la «situación crítica» del sector ganadero

La COAG reprocha al Gobierno de Canarias su «falta de voluntad política» para aplicar la Ley de Cadena Alimentaria

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria insta a todas las partes implicadas, a los productores, a las industrias de transformación y a las comercializadoras finales, a que «hagan un esfuerzo» por «salvar la situación crítica» que vive en estos momentos el sector ganadero de la isla y, más en concreto, el vinculado a la producción lechera. Se quejan de los bajos precios a los que les abonan la leche en un contexto de subida generalizada y exponencial de los costes por la comida de los animales, el combustible y la electricidad. Su situación, apuntan desde el sector, ya es límite. Los hay, de hecho, que ya barajan echar el cierre. Por lo pronto, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG) anuncian que habrá movilizaciones.

El consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, avanzó este jueves que este asunto preocupa a la institución y que hará las veces de mediador para recabar de todas las partes un compromiso común que redunde en la supervivencia de un sector económico en el que el gobierno insular centra buena parte de sus políticas y que considera vital en su apuesta por un desarrollo económico sostenible.

  • Cabaña ganadera Los últimos datos arrojan 12.000 vacas, 22.000 ovejas y 54.000 cabras en Gran Canaria

  • Incremento de costes El que más, el de los cereales para los animales (entre un 60 y un 150%). También les afecta el alza en combustibles y electricidad

  • Precios actuales de la leche Se las están pagando a entre 0,42 euros y 0,46 el litro, pero hasta hace nada, por la pandemia, estuvieron a 0,40

  • Precio para subsistir El sector coincide. 0,50 euros el litro

«Unos dependen de otros», explicó. «A la industria de transformación le interesa que el ganadero sobreviva; si no, se quedará sin materia prima, sin la leche para sus quesos, y al comercializador final también le conviene que el sector sea rentable, porque si no se queda sin el producto», advierte el consejero.

Pero Hidalgo, que precisamente trató este problema este miércoles con un grupo de ganaderos, cree que aparte de esta labor de intermediación, a las administraciones públicas les toca poner en marcha líneas de ayuda que contribuyan a que el sector pueda superar mejor esta difícil coyuntura. Por un lado, avanzó que en breve el Cabildo anunciará las suyas, y por el otro, reclama al Gobierno canario que también contemple algún tipo de compensación económica.

La COAG, que anuncia que habrá movilizaciones, defiende aplicar la Ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe vender a pérdidas

Esta, la vía de la ayuda, es otra de las soluciones provisionales por las que apuesta COAG-Canarias. Su presidente, Rafael Hernández, sostiene que pueden ampliarse las subvenciones que se otorgan a través del REA. Sin embargo, donde verdad cree la COAG que debería ponerse el acento es en una ley que ya está en vigor en España y que prohíbe de forma expresa que los productores vendan a pérdidas, «que es justo lo que les está pasando a los ganaderos». Se trata de la Ley de Cadena Alimentaria, que está vigente desde 2013 y cuyas disposiciones, asegura Rafael Hernández, no se ejecutan en las islas.

«El Gobierno canario no tiene voluntad política de aplicar la Ley de Cadena Alimentaria», argumenta con rotundidad Hernández. «No hay funcionarios que controlen que estas cosas no pasen, y eso da lugar a que en Canarias la única ley que se aplica sea la ley del más fuerte». Y los más fuertes, señala el máximo responsable de la COAG, son las cadenas de supermercados y las grandes superficies. «Son los que imponen los precios», se queja Rafael Hernández, que califica de «estrangulamiento» la situación por la que ahora atraviesa el sector. «Están atrapados entre el incremento en los costes de la producción, por culpa de la subida de entre un 40 y un 60% de la comida de los animales, entre otras, y la negativa del comercializador final a tocar los precios».

Pero es que defiende que ni siquiera sería necesario subir los precios en el destino final, es decir, en el lineal del supermercado. Recordó que hace 30 años el agricultor se llevaba un 50% del precio final que pagaba el consumidor de un producto sin transformación, mientras que ahora no le toca ni el 30%. «El problema está en el resto de la cadena, en ese otro 70%, luego el productor puede cobrar más sin subirle el precio al producto final».

Y otro dato que pone sobre la mesa y que, a su juicio, es otra clave del problema es que los canarios gastan al año en comida 2.900 millones de euros y que, de esos, solo 700 millones son 'made in' Canarias.