El Cabildo insta a un «esfuerzo de todos» para salvar la «situación crítica» del sector ganadero

El consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, avanzó este jueves que este asunto preocupa a la institución y que hará las veces de mediador para recabar de todas las partes un compromiso común que redunde en la supervivencia de un sector económico en el que el gobierno insular centra buena parte de sus políticas y que considera vital en su apuesta por un desarrollo económico sostenible.

«Unos dependen de otros», explicó. «A la industria de transformación le interesa que el ganadero sobreviva; si no, se quedará sin materia prima, sin la leche para sus quesos, y al comercializador final también le conviene que el sector sea rentable, porque si no se queda sin el producto», advierte el consejero.

Pero Hidalgo, que precisamente trató este problema este miércoles con un grupo de ganaderos, cree que aparte de esta labor de intermediación, a las administraciones públicas les toca poner en marcha líneas de ayuda que contribuyan a que el sector pueda superar mejor esta difícil coyuntura. Por un lado, avanzó que en breve el Cabildo anunciará las suyas, y por el otro, reclama al Gobierno canario que también contemple algún tipo de compensación económica.

Esta, la vía de la ayuda, es otra de las soluciones provisionales por las que apuesta COAG-Canarias. Su presidente, Rafael Hernández, sostiene que pueden ampliarse las subvenciones que se otorgan a través del REA. Sin embargo, donde verdad cree la COAG que debería ponerse el acento es en una ley que ya está en vigor en España y que prohíbe de forma expresa que los productores vendan a pérdidas, «que es justo lo que les está pasando a los ganaderos». Se trata de la Ley de Cadena Alimentaria, que está vigente desde 2013 y cuyas disposiciones, asegura Rafael Hernández, no se ejecutan en las islas.

«El Gobierno canario no tiene voluntad política de aplicar la Ley de Cadena Alimentaria», argumenta con rotundidad Hernández. «No hay funcionarios que controlen que estas cosas no pasen, y eso da lugar a que en Canarias la única ley que se aplica sea la ley del más fuerte». Y los más fuertes, señala el máximo responsable de la COAG, son las cadenas de supermercados y las grandes superficies. «Son los que imponen los precios», se queja Rafael Hernández, que califica de «estrangulamiento» la situación por la que ahora atraviesa el sector. «Están atrapados entre el incremento en los costes de la producción, por culpa de la subida de entre un 40 y un 60% de la comida de los animales, entre otras, y la negativa del comercializador final a tocar los precios».

Pero es que defiende que ni siquiera sería necesario subir los precios en el destino final, es decir, en el lineal del supermercado. Recordó que hace 30 años el agricultor se llevaba un 50% del precio final que pagaba el consumidor de un producto sin transformación, mientras que ahora no le toca ni el 30%. «El problema está en el resto de la cadena, en ese otro 70%, luego el productor puede cobrar más sin subirle el precio al producto final».

Y otro dato que pone sobre la mesa y que, a su juicio, es otra clave del problema es que los canarios gastan al año en comida 2.900 millones de euros y que, de esos, solo 700 millones son 'made in' Canarias.