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El presidente del Cabildo, Antonio Morales, entrando a la sesión plenaria de este lunes. David Delfour

El Cabildo reserva 131,18 millones para 446 menores tutelados durante cinco años

El concierto social que se tramita elevará las plazas para este colectivo en Gran Canaria de las de 423 actuales a 486 poniendo más hogares y centros en manos del tercer sector

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de abril 2024, 18:42

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El Cabildo de Gran Canaria decidió este lunes reservar 131,18 millones de euros para la gestión indirecta de 40 hogares de menores en situación de desamparo o guarda y cinco centros de atención inmediata (CAI) para este colectivo durante un periodo de cinco años mediante un concierto social con entidades sin ánimo de lucro.

El presupuesto plurianual aprobado por el pleno en los asuntos de urgencia permitirá ampliar la capacidad de esta red de acogida, que ahora cuenta con cuatro CAI y 40 hogares con un total de 423 plazas. De ellas, 50 son gestionadas directamente por el Cabildo (en 1 CAI y cuatro hogares, de 10 plazas cada uno) y el resto, 373, mediante gestión indirecta a través de entidades sociales (en 3 CAI y 36 hogares).

Cuando la gestión indirecta de los centros de menores bajo tutela del Cabildo se preste mediante concierto social, para lo que todavía falta que se liciten y adjudiquen los correspondientes concursos, el número de hogares de acogimiento residencial dirigidos por entidades del tercer sector aumentará de 36 a 40 y el de plazas de 360 a 396. Los hogares tienen y tendrán una media de 10 menores, excepto los destinados a menores de familias monoparentales, que cuentan con ocho.

También crecerá el número de CAI así gestionados, de los tres que existen actualmente bajo esta modalidad (el otro se gestiona directamente) a cinco con 50 plazas en total, todos en manos del tercer sector.

Incremento de plazas dotadas

Sumando las plazas de hogares y CAI gestionados indirectamente a las de los cuatro centros que el Cabildo dirige directamente, la oferta para la atención a este colectivo se elevará de las 423 que ahora existen en la isla hasta 486. En estos datos no se incluyen las plazas de acogida a menores migrantes no acompañados.

Vsita de los grupos de la oposición, en primer término, durante una votación.
Vsita de los grupos de la oposición, en primer término, durante una votación. David Delfour

Para la gestión indirecta de los hogares se ha reservado una partida de 116,36 millones y para la de los CAI otra por valor de 14,82 millones, en ambos casos para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2029, aunque todo apunta a que este plazo tendrá que retrasarse porque los contratos no estarán firmados a tiempo.

En el caso de los hogares que dirigirán entidades sin ánimo de lucro, la previsión es dividir el concurso en 20 lotes de dos centros, de los que al menos diez lotes se ubicarán en la capital, incluyendo entre ellos el de los dos hogores monoparentales; dos en Telde; uno en Santa Lucía de Tirajana, tres en el área comprendida entre la capital, Santa Brígida y Valsequillo; uno en la zona de Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Gáldar y Guía; uno en la de Arucas, Gáldar, Guía y Teror;uno entre Agüimes, Ingenio, Santa Lucía y Telde; y uno en Agüimes, Ingenio, Santa Lucía.

Los contratos para la gestión indirecta de los CAI se licitarán en tres lotes, de los que dos suman dos centros y el otro se limita a uno. En este caso cuatro centros se localizarán en la capital o municipios colindantes y el otro entre San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana.

Interpelación por la deuda

Estos dos acuerdos de urgencia se produjeron después de que el Grupo Popular interpelara a la consejera de Política Social, Isabel Mena, sobre el retraso en el pago de las facturas a las entidades del tercer sector que gestionan 36 de los 40 centros de menores y tres de los cuatro CAI que ahora existen, estimada en diez millones de euros por los afectados y en siete por el Cabildo, debido al «farrogoso» procedimiento administrativo a seguir para su abono porque los contratos están anulados.

La consejera del PP, Josefa Luzardo, criticó que «se paga tarde, mal y con un precio antiguo no actualizado a gastos reales», lo que «está asfixiando» la economía de las entidades.

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