El Cabildo rechaza reformar el Anexo II de Playa del Inglés e insta a su demolición

Pese a la contundencia del dictamen, Marichal avanzó que el Ayuntamiento mantendrá su apuesta por el proyecto. Advierte de que ese informe es preceptivo, pero no vinculante, así que su intención es continuar con la tramitación del expediente y someter la propuesta a evaluación de impacto ambiental por parte del Órgano Ambiental Municipal. No en vano, precisó, el propio informe de Medio Ambiente les conmina a cumplir ese trámite.

Marichal explicó que en cuanto el Ayuntamiento recibió la propuesta de renovación planteada por los dueños del Anexo II, dada a conocer en julio de 2022, la administración local solicitó informes a las otras dos administraciones con competencias sobre el espacio donde se ubica este centro comercial, Medio Ambiente del Cabildo, porque es la que gestiona el espacio natural protegido de las Dunas de Maspalomas, y Costas, dado que este complejo ocupa suelo de dominio público marítimo-terrestre.

Ya llegó el dictamen de Medio Ambiente, pero aún está pendiente el de Costas, de ahí que Marichal avanzara ese jueves la intención municipal de esperar a recibirlo para entonces continuar con la tramitación y ponerlo en manos del Órgano Ambiental Municipal. Como no contempla aumento de edificabilidad, el edil confía en que el dictamen de Costas sea al final favorable.

El proyecto de renovación plantea reducir la gran explanada de aparcamientos del Anexo II para ganar superficie y trazar un parque longitudinal a lo largo de la parte trasera de los locales, homogeneizar las fachadas de los comercios, recuperar las vistas al mar de las terrazas y armonizar las cubiertas del complejo con la instalación de unas lonas. Además, el Ayuntamiento se iba a encargar de ajardinar y reacondicionar la ladera tras el parking.

Marichal cree que esta propuesta de mejora puede superar el trámite de evaluación ambiental con el argumento de que este centro comercial, que data de 1979, ya existía con anterioridad a la normativa que ahora lo limita. Recordó que la Ley de Costas es de 1988 y el primer deslinde marítimo-terrestre que dejó al Anexo II en suelo de dominio público es de 1995. Por su parte, también fue posterior la declaración de las Dunas como espacio protegido. «No se pueden hacer informes desfavorables con carácter retroactivo», sostuvo.

Durante el debate, Marichal reveló que en este mandato se marca como prioridad renovar el Anexo II, derribar el Metro y desarrollar un nuevo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) para la zona turística. Informó de que el Gobierno canario ya dispone de un borrador y que en una reunión reciente con el presidente Fernando Clavijo le pidió que ese nuevo PMM contemplase incentivos urbanísticos a la renovación a través de la edificabilidad, dando la posibilidad, por ejemplo, de pasar de una planta a dos; y también la reconversión o compatibilidad del uso, abriendo la entrada del uso alojativo en suelo ahora comercial.

Por último, anunció que dado que para todo eso hace falta dinero, ha planteado al Gobierno canario la utilización de fondos Next Generation para fórmulas de colaboración público-privada que permitan ayudar a los posibles inversores a renovar las áreas comerciales.

Sobre el Metro precisó que su derribo se demorará un poco más. La última orden de ejecución ya caducó. Su idea pasa por dictar una nueva en 2025 y darle un plazo a los propietarios para que la ejecuten. De no hacerlo, la afrontaría el Ayuntamiento y les pasaría la factura, pero tendrían que volver a habilitar 500.000 euros que ahora no dispone.