El Gobierno central fue alertado en 2020 de irregularidades en la fundación
caso mediador ·
La Intervención General detalló un cúmulo de incumplimientos legales en la Fiapp, a la que la jueza ha pedido contratos por presunto trato de favorcanarias7
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 20 de marzo 2023, 23:24
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ya advirtió en 2020 de numerosas irregularidades en la gestión de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiapp), la institución que aparece en el caso Mediador como la que firmó varios contratos con el empresario investigado José Suárez.
La jueza instructora del caso Mediador investiga la presunta mediación del general de la Guardia Civil Francisco Espinosaen favor de dicho empresario cuando aquel dirigía el proyecto GAR-SI, con participación europea, para la formación de agentes en el Sahel.
Según desveló ayer el periódico 'ABC', al frente del patronato de dicha fundación se encontraban entonces la que era vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros de Exteriores, Arancha González Laya, y Justicia, Juan Carlos Campo. En el patronato estaba la entonces secretaria de Estado para la Agenda 2030 y ahora ministra Ione Belarra, de Unidas Podemos.
El informe de la Intervención se refiere al ejercicio de 2018, un año en el que el Gobierno estuvo compartido por un gabinete presidido por Mariano Rajoy y otro con Pedro Sánchez al frente.
La IGAE alertó de que «debilidades existentes» en materia de contratación no casaban con el «espíritu de transparencia, publicidad y concurrencia». El interventor encargado del informe reseñó 26 «incumplimientos», siendo el primero la «no aplicación de la Ley de Contratos». Asimismo, apuntó la existencia de «cláusulas ajenas al objeto del contrato que pueden producir nulidad de pleno derecho». También encontró el interventor episodios de aplicación de prórrogas no permitidas y ocultación de información al Tribunal de Cuentas.
Una advertencia expresa sobre los programas de seguridad
Entre las advertencias y recomendaciones de la Intervención General al examinar las cuentas y la gestión de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, sobresale el hecho de que se alertó al Gobierno de la necesidad de un mayor control en los proyectos del Área de Asistencia Técnica, entre los que se incluye el GAR-SI que hasta 2021 dirigió el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa. La jueza del caso Mediador pidió a la fundación documentación sobre los cuatro contratos adjudicados a José Suárez para la venta de drones en Mauritania, Níger, Mali y una base de Logroño por importe de 263.000 euros entre los años 2020 y 2021.
