El general habría recibido pagos por mediar para un proyecto empresarial en la Zona Especial

Es una de las operaciones investigadas en el caso que derivó esta semana en doce detenciones y más de una decena de registros. El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife cuenta con información de la Policía Nacional que acredita que el general jubilado actuó como intermediario entre el empresario madrileño Antonio Bautista Prado e inversores canarios. Bautista, según avanzó ayer el periódico digital 'Diario de Fuerteventura', es administrador de Cleanenergetic Seers Solutions y Cleanenergetic Insular SL, consultorías centradas en las energías renovables. El objetivo era instalar una sociedad en la ZEC y para ello mantuvo encuentros con el alto mando de la Guardia Civil en los restaurantes La Quinta y La Trainera, en Madrid. Las comisiones cobradas por esas labores ascenderían a unos 15.000 euros.

Como es habitual en estos casos, el juzgado examina los ingresos del general y su nivel de vida para ver si estaba acorde con las rentas que recibía por trabajo u otras fuentes de ingreso declaradas.

En Canarias, el general dejó la huella de un militar con amplias relaciones sociales, amistades en el mundo político, institucional, social y empresarial. Tras pasar por la Comandancia de Las Palmas, en la que estuvo como coronel, fue ascendido a general y estuvo destinado fuera de España, lo que garantiza importantes ingresos económicos y facilita ascensos en el escalafón.

Tras la decisión de ingreso en prisión, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) anunció que se personará como acusación popular en el caso Mediador, que se centra en los supuestos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, pertenencia a organización criminal, falsificación y tráfico de influencias.

«En la Guardia Civil no debe tener cabida la corrupción y este es uno de los valores que nos caracterizan como asociación, el firme rechazo y la lucha contra las prácticas irregulares dentro del instituto armado. Un problema de tal calibre tiene que recibir la condena unánime de parte de todas las asociaciones representativas. De este modo, debería iniciarse el trabajo dentro del Consejo de la Guardia Civil para implantar los mecanismos necesarios que eviten estas irregularidades y similares», afirma la entidad en un comunicado.

En este caso se investigan también supuestas extorsiones a empresas del sector ganadero a cambio de evitar inspecciones sanitarias o de agilizar o desbloquear expedientes de ayudas europeas.

Entre los investigados se encuentra el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes (PSOE), que fue destituido de sus funciones el pasado verano por «pérdida de confianza», y su antecesor en el cargo y diputado del grupo Socialista en el Congreso hasta este martes, Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Ambos han sido suspendidos de militancia por parte de la dirección del PSOE.

Respecto a Espinosa, la AUGC recalca que cuando se produjeron los supuestos hechos delictivos de los que se le acusa al exgeneral él ya no formaba parte de la estructura orgánica directa del cuerpo, pero sí era colaborador del proyecto europeo GAR-SI Sahel, de formación de agentes del norte de África.

Durante este período, que abarca los años 2020 y 2021, «actuó, presuntamente, como parte de una trama que extorsionaba a empresarios del sector primario de las Islas Canarias a cambio de favores. Concretamente, la causa investiga las supuestas comisiones exigidas a cambio de que las granjas no fueran objeto de una inspección, además de los acuerdos para agilizar o desbloquear expedientes relativos a los fondos europeos», asegura la asociación.

La AUGC seguirá este procedimiento, formará parte de la acusación popular y, «si los delitos quedan imputados, espera unas condenas ejemplares» al entender que «la corrupción no puede adentrar en la institución, como pide a España el Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa».

«Continuaremos presionando para que se cree un órgano específico que vigile el cumplimiento de las normas éticas del Cuerpo y se implanten los mecanismos necesarios para evitar irregularidades», agrega la nota.

Sobre esta causa, que investiga una supuesta red de extorsión a empresas del sector ganadero y alimentario, el Gobierno de Canarias, a través de su consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, anunció este jueves que hará su propia investigación sobre los expedientes en los que hayan intervenido los exdirectores generales de Ganadería Taishet y Juan Bernardo Fuentes, a la vez que baraja personarse como perjudicado.

Por otra parte, el empresario ganadero de Fuerteventura Julián de Santa Bárbara Pérez, miembro de la Federación Nacional de Criadores de la Raza Caprina Majorera, reitera, como ya se publicó ayer, que no tiene relación con el caso Mediador y sostiene que no ha sido detenido.