
Los Molinos mira al Tribunal Supremo como única esperanza frente a Costas
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A pesar de las medidas cautelares de paralizar las demoliciones, el TSJC desestima la demanda de los dueños de las cerca de 36 viviendasLa amenaza de la piqueta de Costas vuelve a pender sobre las cerca de 36 casas y chozas de Los Molinos, en el municipio de Puerto del Rosario. Tal y como emitió este lunes la cadena Ser, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechaza sus demandas a pesar de las medidas cautelares iniciales que, en octubre de 2023, frenaron el derribo de una de las viviendas, encendiendo la luz de la esperanza para el resto de construcciones pendientes de la demolición voluntaria.
Los vecinos afectados, que se enteraron por la radio del varapalo judicial, están pendientes de reunirse, aunque la única salida judicial es la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo. «La sentencia nos ha cogido de sorpresa a todos porque, tras las medidas cautelares de octubre, pensamos que el juez iba a salvar a nuestras viviendas», confirma Miguel Cerdeña, miembro de la asociación de vecinos El Pajerito de Los Molinos.
En su sentencia, la Sala hace suyos los argumentos de la Abogacía del Estado en 2011. «El TSJC ha hecho caso a lo que dice el abogado de la Administración, planteando que la sentencia de 2011 es firme», anunció en la Ser José Luis Langa, abogado de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, quien cuestiona una vez más la efectividad de las transferencias en materia de Costas a la Comunidad autónoma en enero de 2023.
De las aproximadamente 36 casas del puertito de Los Molinos, sobre las que pende la orden de demolición de Costas que data de 2005, unas quince se construyeron en torno a 1928, «aunque están remodeladas», matiza Cerdeña. Media docena se levantaron hace unos 40 años y el resto datan de entre 1975 y 1980.
En agosto de 2023, los afectados recibieron la notificación de la Demarcación de Costas que les instaba a la demolición por sus propios medios y que les daba un mes de plazo para presentar recursos. El plazo se agotó en septiembre, cuando casi todos optaron por acogerse al letrado de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, solicitando la paralización del derribo e iniciando el litigio contencioso-administrativo e iniciando una ronda de contactos con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo de Fuerteventura para recabar su apoyo.
Ambas instituciones acordaron, en pleno y por unanimidad, iniciar el expediente de catalogación como Poblado Histórico y Etnográfico para este antiguo puerto relacionado con la industria de los hornos de cal y la pesca.
Tras la orden de Demolición de Costas de 2005, en 2007 cayeron cuatro viviendas en Los Molinos: una por iniciativa de la Demarcación de Costas; y las otras tres por mediación de los dueños para evitar que les pasaran la factura.
El argumento de Costas es que estas cuatro casas se localizaban dentro del dominio público marítimo-terrestre, al igual que las 36 de ahora, mientras que los ciudadanos afectados apelan a la antigüedad del puertito de Los Molinos, cuya constancia documental data de 1902.
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