IUC muestra su preocupación sobre la apertura de la línea marítima entre el Puerto del Rosario y Tarfaya

Informaciones periodísticas recientes, sugieren que la conexión marítima entre Puerto del Rosario y Tarfaya podría convertirse en realidad a corto plazo. Sin embargo, esta propuesta ha generado múltiples recelos debido a su potencial impacto negativo en las producciones isleñas y en el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias en el archipiélago.

Las organizaciones profesionales del sector primario canario han expresado su oposición radical a esta conexión marítima. Argumentan que podría facilitar la entrada directa de plagas desde el continente africano, dada la imposibilidad de garantizar controles fitosanitarios compatibles con las exigencias comunitarias.

Además, advierten que la apertura de esta línea favorecería la entrada de productos agrarios a bajo coste, socavando la soberanía alimentaria del archipiélago y poniendo en riesgo los estándares sociales, laborales y ambientales exigidos a los productores canarios.

Organizaciones de conservación de la biodiversidad también han mostrado su preocupación, señalando la falta de garantías para prevenir la introducción de especies invasoras que podrían alterar los ecosistemas insulares. Además, IUC subraya la importancia de considerar los legítimos intereses saharauis, dado que parte de la provincia de Tarfaya se encuentra en territorio ocupado del Sáhara Occidental. La formación política recuerda la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de diciembre de 2016, que limita la aplicación de los acuerdos UE-Marruecos en el territorio ocupado del Sáhara Occidental.

Ante esta situación, IUC ha formulado preguntas clave al Gobierno para su respuesta escrita, buscando esclarecer el estado de tramitación de la apertura de esta línea marítima, las actuaciones y procedimientos necesarios para su implementación, y las medidas previstas para evitar problemas fitosanitarios y respetar los derechos saharauis.

IUC hace un llamado al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias para que consideren cuidadosamente las implicaciones de esta conexión marítima. «Es fundamental que cualquier decisión en este sentido se tome tras un diálogo amplio y transparente con todas las partes interesadas, garantizando que se protege tanto el medio ambiente como los derechos humanos y se respeta los legítimos intereses de todas las comunidades afectadas«, afirma Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IUC.

Izquierda Unida Canaria reafirma su compromiso con la promoción de políticas que aseguren la sostenibilidad ambiental, la justicia social y el respeto por los derechos humanos. La formación política continuará trabajando para garantizar que las voces de las comunidades locales, los productores y los defensores del medio ambiente sean escuchadas y tenidas en cuenta en todas las decisiones que afecten al futuro de Canarias y sus relaciones internacionales.