El Gobierno quiere adjudicar en 2025 la obra del Palacio de Justicia de Fuerteventura
Justicia ·
La consejera Nieves Lady Barreto confirma que el Gobierno tiene la certificación del suelo cedido por el Cabildo en la Juan de Bethencourt. Barreto inicia en Fuerteventura la primera reunión con representantes de los colectivos de personas con discapacidad intelectual y asociaciones de personas mayores para definir las funciones y el perfil profesional de la figura de los facilitadores judiciales que pondrá en marcha en los juzgados de Canarias
Miércoles, 2 de octubre 2024, 15:51
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La obra del futuro Palacio de Justicia de Fuerteventura, que vendrá a reunificar la dispersión actual de los once juzgados en cuatro sedes, requerirá dos años de trabajos y su procedimiento de adjudicación se iniciará a lo largo de 2025. Así lo adelanto Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, tras la primera reunión con representantes de los colectivos de personas con discapacidad intelectual y asociaciones de personas mayores, además de los concejales responsables del área social de los municipios de la isla, para empezar a definir las funciones y el perfil profesional de la figura de los facilitadores judiciales que pondrá en marcha en los juzgados de Canarias.
El certificado de la cesión del suelo por parte del Cabildo de Fuerteventura ya está en manos del área de Patrimonio del Gobierno de Canarias. A partir de que se comunique la cesión de casi 6.000 metros cuadrados en la avenida Juan de Bethencourt, en Puerto del Rosario, la Consejería de Justicia podrá encargar la adaptación del inicial proyecto de seis plantas ganador del concurso de ideas que data de marzo de 2019 y que habría ubicado en la parte norte del cuartel militar.
En el presupuesto de la Comunidad autónoma para 2025, Justicia contempla una partida para el inicio de la adjudicación de la obra. «La adaptación del proyecto de 2019 tardará unos meses, luego toca la adjudicación de la obra y finalmente arrancar la construcción. Estamos hablando de una obra de unos 30 millones de euros, por lo que no será una obra de un año, de hecho puede que nos requiera una ejecución presupuestaria de dos años. Entonces pondremos una partida mínima para arrancar el año próximo porque el procedimiento de adjudicación de un proyecto de 30 millones no se hace en tres meses», detalló Nieves Lady Barreto.
La prioridad de la Consejería de Justicia es adjudicar la obra durante 2025. «y, una vez adjudicado, destinaremos las anualidades que correspondan y que diga el proyecto».
El Palacio de Justicia es una de las eternas asignaturas pendientes de Fuerteventura desde hace más de veinte años durante los que el proyecto dio tumbos por la elección del suelo dentro del cuartel militar. La infraestructura unificaría los ocho juzgados de Instrucción y de Primera Instancia (cuatro en el edificio principal, dos en la calle León y Castillo y dos en Majada Marcial), el Juzgado de lo Penal y dos de lo Social (los tres en Majada Marcial). En la avenida Secundino Alonso se ubica Fiscalía, que es una de las sedes que más quejas acumula por tratarse de un local sin ventanas en el que, cada vez que llueve, se inunda y se llena de aguas fecales, provocando olores e insalubridad para los trabajadores.
En cuanto al hoy Palacio de Justicia, lo inauguró Juan Alberto Belloch (ministro de Justicia entre 1993 y 1995), en Secundino Alonso, y desde el primer momento resultó insuficiente para una isla en crecimiento continuo, con lo que el alto grado de masificación actual estaba cantado.
Facilitadores judiciales: una manera de humanizar la Jusiticia
Nieves Lady Barreto adelantó tras la reunión con los colectivos sociales de Fuerteventura que la intención del Gobierno es que la figura de los facilitadores judiciales entre en funcionamiento en 2025 y explicó que la función será la de asistir en los procesos judiciales a las personas con discapacidad intelectual y a los mayores «para ayudarles en los trámites, siempre de forma voluntaria, y hacer entendibles las sentencias y autos».
«Es una manera de humanizar la justicia y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Para eso, es fundamental que las personas que tienen unas circunstancias especiales y que se ven inmersas en un procedimiento judicial puedan tener la garantía de que van a entender y de que van a hacerse entender durante todo el proceso», señaló.
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