El fiscal rebaja la petición de pena de cárcel a un año y nueve meses para Blas Acosta

Acosta, también secretario insular del PSOE y expresidente del Cabildo, sólo contestó a las preguntas de su abogada Rosa María Díaz Bertrana y no del fiscal en la segunda sesión del juicio que quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal de Puerto del Rosario.

A raíz de la modificación de Código Penal que data de 2015, la ley no ampara la conducta de posible insolvencia punible imputada a Blas Acosta como administrador de la sociedad mercantil Gesturpa entre 2011 y 2014. O sea, que no se le puede aplicar con carácter retroactivo, puesto que era responsable de la sociedad del Ayuntamiento antes de la reforma de la norma.

De esta manera, el actual viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias sale de las dos jornadas del juicio con un delito menos, aunque la Fiscalía sí mantiene la supuesta administración desleal, para la que pide un año y nueve meses de cárcel. Sobre esta reducción de la pena, Acosta comentó que «se me quería aplicar un artículo del Código Penal que se aprobó en el 2015, cuando yo no era ya administrador de Gesturpa». En cualquier caso, añadió el secretario insular de los socialistas, «se agradece que Fiscalía rectifique y haya recogido la sentencia del Tribunal Supremo aportada por mi letrada y que retire esa acusación de insolvencia punible».

El exconcejal del Ayuntamiento de Pájara subrayó, al salir de la última sesión del juicio, que «se actuó de acuerdo a la normativa vigente en Gesturpa y que jamás produje ningún quebranto a esta sociedad mercantil, ni al patrimonio administrado por Gesturpa, como así dejaron claro los cuatro peritos, uno de ellos propuesto por el propio Ministerio Fiscal». La denuncia contra Acosta, que devino en juicio oral, data de 2010 y partió de la exconcejala socialista Margarita Martín.

Para el antiguo administrador de Gesturpa, en los días de la vista oral quedó «suficientemente argumentada la buena gestión de esta sociedad mercantil y del Ayuntamiento de Pájara». En cualquier caso, subrayó Blas Acosta, en Gesturpa «siempre se actuó conforme a lo que los dictaban los funcionarios y técnicos. Incluso, aún teniendo yo capacidad en cuanto a formación para gestionar las cuentas, siempre se hizo a través de empresas externas contratadas».

En cambio, el Ministerio Fiscal sostuvo en sus conclusiones «la convicción legal de un delito cometido por Blas Acosta en base a las cuentas de Gesturpa porque los números son claros», apuntando a que la sociedad mercantil pasó de tener beneficios anuales a pérdidas desde que era administrador único: de 182.000 euros en 2011 de ganancias a los 1,2 millones de euros en negativo en 2012 y los 632.000 euros de 2013.

La Fiscalía también puso en tela de juicio que el Ayuntamiento pagara la deuda de Gesturpa acumulada desde 2006 y apuntó a que cada vez que Acosta dejaba de disolver la sociedad, incurría en un acto fraudulento.