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Cadena humana en protesta por los sondeos mineros en Ajuy, en el municipio de Pájara. Javier Melián / Acfi Press
«¿A qué espera el Gobierno canario para archivar los permisos mineros en tierras raras?»

«¿A qué espera el Gobierno canario para archivar los permisos mineros en tierras raras?»

Minería ·

Con rigor científico, el Instituto Geológico y Minero de España se suma al rechazo institucional y social contra las prospecciones en tres municipios de Fuerteventura a partir de rocas carbonatitas. Para el IGME, las carbonatitas y otras rocas de Fuerteventura son «patrimonio geológico del país y de la Comunidad autónoma de Canarias por su valor científico catalogado como muy alto». La Plataforma Tierras Raras No se pregunta por qué no actúa el Ejecutivo autónomo y 'sepulta' los tres permisos

Catalina García

Puerto del Rosario

Jueves, 8 de agosto 2024

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«No se debe conceder el permiso de exploración en tierras raras» es la conclusión del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), organismo autónomo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que celebra la Plataforma No Tierras Raras en Fuerteventura. Para el IGME, las carbonatitas y otras rocas de Fuerteventura son «patrimonio geológico del país y de la Comunidad autónoma de Canarias por su valor científico catalogado como muy alto».

El rechazo del IGME se une al unánime de todos los ayuntamientos y el Cabildo de Fuerteventura, el Parlamento de Canarias (salvo Vox) y 14.000 ciudadanas y ciudadanos que firmaron las alegaciones. Por eso, la plataforma ciudadana se pregunta por qué el Gobierno de Canarias no ha archivado los tres permisos mineros solicitados en los municipios de Puerto del Rosario, Pájara y La Oliva. «¿A que está esperando el Ejecutivo autónomo?» se cuestiona.

«Con rigor científico», el IGME subraya que realizar una campaña de sondeos de investigación en las cuadrículas solicitadas en los municipios de Puerto del Rosario, Pájara y La Oliva «implica modificaciones del terreno con un impacto ambiental negativo para la conservación». Los trabajos supondrían la apertura de caminos para llegar con maquinaria para realizar los sondeos, incluso el vertido de lodos de las perforaciones.

Cadena humana en las Grandes Playas de Corralejo en protesta por la minería en tierras raras. Javier Melián / Acfi Press

En caso de que finalmente se otorgara el permiso de explotación de este afloramiento de tierras raras, para que fuera rentable «se produciría el agotamiento total de lugares de interés geológico y una pérdida irreparable del patrimonio natural de Canarias», añade el IGME. Además, las principales afecciones derivadas de la explotación de tierras raras en minería a cielo abierto provocan la desaparición de la vegetación, así como la contaminación del aire, tierra y agua. En este sentido, especifica que se generan «residuos peligrosos», como metales pesados, ácidos y fluoruros, lo que supone un riesgo de contaminación de aguas superficiales o subterráneas por drenaje y de contaminación atmosférica por acción del viento.

Los científicos del IGME también inciden en la utilización de grandes cantidades de agua para el procesamiento, lo que genera un impacto de, al menos, unos 75.000 litros de agua residual solo para la extracción de una tonelada de tierras raras. Los huecos mineros que se perforan en el territorio así mismo generan «un gran impacto visual, influyendo negativamente en el paisaje natural, que se acentuaría en el caso desértico de Fuerteventura».

Para el IGME, trae a colación la Plataforma No Tierras Raras en Fuerteventura, las rocas de Fuerteventura son patrimonio geológico del país y de la Comunidad Autónoma de Canarias por su valor científico catalogado como muy alto. «Son materiales muy poco frecuentes en el mundo, especialmente en el contexto de una isla oceánica y que, de hecho, el afloramiento de Fuerteventura es el único lugar en España en el que pueden observarse». Por eso, este organismo concluye que «rotundamente» no deben autorizarse las exploraciones en aplicación tanto de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

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