Freno a la minería de las tierras raras desde el Parlamento
Minería ·
Por iniciativa de NC, todos los partidos, salvo Vox, se ponen de acuerdo en siete propuestas sobre las investigaciones de Satocan en FuerteventuraCanarias7
Puerto del Rosario
Miércoles, 24 de abril 2024, 14:29
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) por Fuerteventura, Natalia Santana, con una proposición no de ley consensuada con propuestas alternativas posteriores de CC y el PP, impulsó hoy, miércoles, el acuerdo mayoritario del Parlamento, salvo la extrema derecha de Vox, para frenar las perforaciones de tierras raras en la isla conejera. Santana valoró la decisión al tratarse de un asunto que afecta al presente y al futuro de la isla y de las majoreras y majoreros por los riesgos de esta actividad para la salud, el medio ambiente y las actividades económicas locales como la del sector primario.
Natalia Santana dijo que es un «gran día» para Fuerteventura y Canarias porque la mayoría de los grupos de la Cámara «hemos sido capaces de dejar a un lado nuestras diferencias y mirar hacia el interés» de la ciudadanía. «Hemos sido capaces de entender que esto no es un asunto político. No va de colores, ni siglas, es un asunto de sentimiento isleño…de pertenencia a Fuerteventura. Esto va de cuidar el presente y el futuro de la isla», destacó la parlamentaria de NC-BC.
La minería de las tierras raras dibuja un futuro «desastre» también para las familias afectadas que, como advirtió, perderán el hogar al ser expropiadas. «Un disparate para la salud de los majoreros y majoreras y de todo aquel que nos visite, además de las terribles consecuencias para el sector primario».
«No pongamos a nuestra gente en peligro, abriendo nuestro paraíso a la posibilidad de implantar una de las actividades mineras más contaminantes del planeta», remarcó Natalia Santana.
Hoy, desde NC-BC, «agradecemos el consenso y la predisposición final» para llegar a un acuerdo. Lo importante es que saliera adelante, que juntos y juntas seamos capaces de ponernos de acuerdo al menos en su mayoría, en los grandes temas que afectan a nuestro país canario», subrayó Natalia Santana.
Siete propuestas
Las propuestas aprobadas fueron siete. Con la primera se pide al Ejecutivo de CC y el PP que paralicen cualquier tipo de autorización relacionada con los permisos de investigación y prospección de tierras raras en la isla, así como que deniegue cualquier solicitud al respecto previos informes y trámites oportunos.
Con la segunda, que el Gobierno inicie los procedimientos de revisión para frenar cualquier tipo de autorización relativa a los permisos de investigación. Con la tercera el gabinete presidido por Fernando Clavijo no debe tramitar nuevas solicitudes de exploración, investigación , extracción o cualquier tipo de proyecto con financiación pública o privada sin que se haya realizado una consulta previa al Cabildo insular y los ayuntamientos afectados.
La cuarta medida va dirigida a facilitar al Cabildo y los ayuntamientos majoreros toda la información y documentación pertinente sobre solicitudes de permisos de exploración, investigación y explotación de tierras raras concedidas y en trámite en los últimos 10 años en Fuerteventura.
Con la quinta se insta al Gobierno a que no permita la tramitación de los permisos mineros por separado cuando forman parte de un plan conjunto, que requiere de una evaluación ambiental estratégica.
La sexta propuesta plantea que el Gobierno del Estado lleve a cabo las modificaciones pertinentes en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas al objeto de que cualquier yacimiento de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio, mar territorial y plataforma continental perteneciente de Canarias, su investigación y aprovechamiento conlleve previamente informe de evaluación de impacto ambiental (medida transversal).
Con la exigencia de las correspondientes garantías medioambientales y del plan de restauración asociado (medida sectorial específica), así como informe vinculante de las administraciones públicas territoriales y urbanísticas afectadas. En definitiva, que impida la especulación del recurso y que propicie una actividad minera que sea extremadamente respetuosa con el medio ambiente.
La séptima y última medida solicita al Gobierno canario la aprobación de un decreto ley sobre la investigación y aprovechamiento de origen natural y demás recursos geológicos de la Sección C existentes en el territorio de Canarias.
