Los concejales del Partido Popular de Puerto del Rosario, Fernando Enseñat, Ignacio Solana y Clara Peña, tras conocerse la condena en primera instancia por delito sexual continuado impuesta al concejal José Juan Herrera Martel, exigen al alcalde su cese «inmediato», ya que «ningún gobierno que defienda tolerancia 0 ante este tipo de actos, puede aceptar el voto a favor de un concejal condenado por acoso sexual». La magistrada Alicia María Buendía condenó a cuatro meses de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación para sufragio pasivo al edil, más 3.000 euros de indeminzación a Yaiza Sotorrío y al pago de las costas procesales, quien todavía puede recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial.
Además, ante las reiteradas declaraciones tanto del alcalde como de algunos concejales del grupo de gobierno en apoyo a José Juan Herrera Martel condenado e, incluso, negando los hechos denunciados por la víctima, los populares solicitan que el alcalde Juan Jiménez presente una cuestión de confianza que refrende si aún cuenta con el apoyo de los concejales del grupo socialista, de NC y Podemos.
El PP exige al alcalde y al grupo de gobierno de Puerto del Rosario «una disculpa pública» a la extrabajadora del Ayuntamiento afectada «por no haberla creído nunca e, incluso, no haberla apoyado en todo el proceso que se inició hace más de un año, además de haber puesto en tela de juicio su versión».
El Partido Popular asegura que se mantenido al margen de cualquier valoración que perjudicara a la víctima o vulnerara la presunción de inocencia del denunciado «pero, existiendo ya sentencia, es hora de depurar responsabilidades». Los populares recuerdan que en unos momentos tan difíciles y complicados para una mujer, como el que se produce al denunciar el acoso sexual en el trabajo, «lo mínimo que se espera es que se active el protocolo de acoso sexual y los mecanismos de protección a la víctima. 'Yo si te creo', no puede ser solamente un eslogan sin un respaldo detrás».
Tras conocer el fallo del Juzgado de lo Penal número 2, el grupo popular considera que los hechos son de «extrema gravedad porque implican un comportamiento incompatible con cualquier cargo público y con la ejemplaridad que se le exige a quienes representan a los vecinos».
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