El Estado insiste: «no puede actuar» hasta que Canarias defina medidas de emergencia ante la crisis energética

En un comunicado enviado con carácter «urgente» y bajo el título 'Sobre la situación energética en Canarias', el departamento dirigido por Teresa Ribera defiende que «está colaborando estrechamente con el Gobierno canario», que «la coordinación entre ambos es máxima» y que «están en permanente contacto para aplicar las medidas que se requieran en todo momento».

Según explican, «tan pronto el Gobierno canario solicite las medidas de emergencia, el Miteco trabajará en la orden ministerial que cubra sus costes» y recuerdan que «ya diseñó un borrador de orden ministerial para cubrir los costes de las medidas que aprobase el Ejecutivo canario en cuanto tuvo conocimiento de la situación».

La semana pasada, el Miteco emitió otro comunicado similar, esta vez después de que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, urgiera a la Administración a evitar que Canarias sufra en 2024 un déficit energético de 300 megavatios. En ese escrito, el Ministerio ya señalaba que «tanto la selección de las medidas» temporales de emergencia por posibles déficit de potencia de generación eléctrica en Canarias como su implantación en el territorio son competencia del Gobierno autonómico. Y que, en el caso de esas medidas de emergencia, el Ministerio solo es responsable «de autorizar la cobertura de costes con cargo al sistema eléctrico», que calculó en un borrador de orden ministerial.

En el nuevo escrito, el órgano público confirma que Ribera -vicepresidenta tercera del Gobierno de España y responsable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- ha recibido la carta enviada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo y «se reunirá con él tan pronto como sea posible», asegurando que «otorga a la situación en Canarias máxima prioridad y hará todo lo que esté en su mano para atender a las demandas de los canarios y las canarias».

La petición del líder del Ejecutivo canario se enmarca en las demandas que desde las instituciones canarias se están trasladando al Gobierno central para afrontar la situación de emergencia energética que viven las islas y ante el «riesgo real de cero energético», como el apagón generalizado que afrontó en julio la isla de La Gomera.

Según avanzó Clavijo, su objetivo es buscar una fórmula para ampliar la seguridad de la red de distribución eléctrica en el conjunto de las islas, teniendo en cuenta que varios estudios apuntan a que Canarias sufre un déficit energético de unos mil megavatios, reflejados en la falta de 200 megavatios en la isla de Gran Canaria y otros 200 megavatios en Tenerife, necesarios para garantizar la estabilidad del servicio eléctrico en las islas.