La declaración del nivel 3 en Tenerife subleva a la oposición y a la patronal hostelera

Precisamente fue el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez (CC), uno de los que más duramente arremetió contra la decisión sanitaria en las redes sociales. El primer edil santacrucero calificó la medida como «un duro golpe para los sectores económicos de la isla» y acusó al gobierno de «cargar contra la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife siendo tremendamente injustos con esta ciudad». De hecho, Bermúdez dijo que se están «dando datos que no son ciertos» y que hay municipios en la isla con peor situación epidémica.

Más cruentas fueron las manifestaciones de los diputados autonómicos de CC-PNC Rosa Dávila y José Alberto Díaz-Estébanez quienes, a través de un comunicado, acusaron al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de «dar un tiro en la nuca» al sector hostelero de la isla y de «demonizar» a la sociedad tinerfeña.

Los parlamentarios señalaron que la declaración del nivel 3 en Tenerife se ha adoptado sin estar respaldada en «ningún tipo de informe ni análisis» y la calificaron de «inoportuna» porque «son muchas las familias que se están viendo afectadas por la cancelación inesperada de ludotecas y campamentos de verano, además de sectores como la hostelería y restauración, que llevan más de un año y medio condenados, sin ayudas, con Ertes y, en el peor de los casos, obligados a cerrar sus negocios», subrayó Dávila.

Estas duras declaraciones ponen de manifiesto la actitud negacionista de los nacionalistas, según manifestó ayer la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro. En un comunicado, la diputada tinerfeña calificó las críticas de los nacionalistas de «irresponsables» porque tienen los datos epidemiológicos «ahí delante» y los acusó de ir en contra de los criterios científicos «para salvar vidas y recuperar la economía insular». Además, Fierro pidió a los nacionalistas que colaboren, desde aquellas instituciones donde gobiernan, para contener la transmisión del virus en la isla.

La medida sanitaria, la primera que ha suscitado en Canarias una enconada reacción política desde el inicio de la pandemia, también fue contestada por el grupo parlamentario del PP. El diputado popular Miguel Ángel Ponce lamentó que se castigue al sector de la restauración tinerfeña sin que se haya demostrado que la mayor parte de los contagios se producen en este ámbito.

Además, culpó al Gobierno de haber actuado tarde por estar más volcado en presumir de las cifras de vacunación «a pesar de que estamos en el penúltimo lugar».

El presidente de la Asociación de Restauración y Ocio de Santa Cruz de Tenerife (AERO), Ramón Fariña, según Europa Press, afirmó que se están estudiando vías judiciales para evitar el cierre de la actividad en el interior de bares, restaurantes y locales de ocio que prevé el nivel 3 de alerta.

«No nos lo esperábamos, no entendemos la medida», dijo Fariña, quien afirmó que la hostelería actualmente «no tiene ningún foco en origen» y se penaliza a un sector cuando ya ha decaído el estado de alarma y se permiten reuniones sociales.

Por su lado, el presidente de la patronal hotelera (Ashotel) de Santa Cruz de Tenerife, Jorge Marichal, criticó la decisión del Gobierno canario por entender que ha tirado «por la vía fácil» de «castigar y criminalizar» a la hostelería tinerfeña. Marichal, que hace unos días pidió al Ejecutivo que actuara con dureza para evitar que el aumento de los contagios en Tenerife arruinara la campaña de verano en el resto de las islas, lamentó que se limite la actividad de la restauración y el ocio, en lugar de intervenir donde se producen los focos; en aglomeraciones y fiestas ilegales.

En este agrio contexto, el consejero canario de Sanidad, Blas Trujillo, explicó las razones epidemiológicas que avalan la decisión en una reunión mantenida ayer con el presidente del Cabildo y los alcaldes tinerfeños a los que pidió la máxima colaboración para frenar la aceleración de los contagios que está experimentando la isla.