Un momento del desarrollo del pleno de este viernes en las Casas Consistoriales. / C7

Las Palmas de Gran Canaria rechaza declarar la emergencia social y activa un servicio para casos críticos

El gobierno municipal defiende la respuesta dada a la crisis mientras la oposición denuncia el aumento de la lista de espera para ser atendido

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de gran Canaria

El debate monográfico solicitado por los grupos de la oposición respecto a «la grave situación social que viven muchas personas y familias de Las Palmas de Gran Canaria» concluyó este viernes con un rechazo del grupo de gobierno a la petición de declaración de emergencia social -solicitada por segunda vez desde que se desató la pandemia del coronavirus- y el anuncio de la puesta en marcha, este año, de un servicio para dar una primera respuesta a las necesidades sociales de la ciudadanía ante una situación de grave riesgo social o situaciones de crisis originadas por causas imprevisibles, con una dotación de 276.000 euros, según anunció la edila de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas.

Esta nueva prestación contará con personal cualificado para atenderá cualquier situación de urgencia o emergencia social las 24 horas los 365 días del año.

La concejala socialista aclaró, en una nota de prensa posterior, que el servicio atenderá a personas que presenten una situación de riesgo, como la pérdida de su hogar; mujeres víctimas de malos tratos, mayores en situación de abandono o menores en situación de desamparo.

Carmen Luz Vargas, en el pleno de este viernes. / C7

La concejala Vargas hizo el anuncio de la activación de este recurso tras la votación en contra -18 noes y 10 síes- de la propuesta de los grupos de la oposición de que el Ayuntamiento aprobara la declaración de emergencia social en el municipio.

La intención del Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria -promotores de la propuesta- era que se aplicara esta medida para agilizar la respuesta municipal ante los casos de vulnerabilidad socioeconómica que sufren muchos vecinos de la capital grancanaria. La Ley de Servicios Sociales de Canarias ofrece este recurso, que permite «establecer excepciones a todos o alguno de los requisitos establecidos en la legislación vigente», de forma tal que se aligere la carga burocrática y se acelere la concesión de ayudas por parte de las administraciones ante «situaciones de urgencia y emergencia social acreditadas».

Es la segunda vez que se presenta una iniciativa en este sentido. En noviembre de 2020, el grupo de gobierno desechó una petición del PP por considerar que no se daban las condiciones para ello. Este viernes, se volvió a desechar la posibilidad porque se considera que la emergencia social está amparada por una resolución del alcalde, de febrero de 2021, por la que se adoptaban medidas excepcionales ante la situación de extremada vulnerabilidad social derivada de la crisis provocada por el covid-19.

Sin embargo, esta resolución se ceñía a la contratación de algunos servicios y suministros. Y lo que los grupos de la oposición demandaban era una declaración que permitiera al Ayuntamiento 'saltarse' la burocracia en materia de contratación y concesión de ayudas, como ya han hecho otros municipios como es el caso de Santa Cruz de Tenerife.

Diferentes perspectivas

Carmen Luz Vargas defendió la gestión realizada, con tres centros de emergencia habilitados; aumento del 25% de los fondos cedidos a entidades; aumento de las ayudas de emergencia y del servicio de ayuda a domicilio...

No obstante, la portavoz del PP, Pepa Luzardo, acusó al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, que no asistió al pleno porque dio positivo por covid, de estar más pendiente de la propaganda que de las necesidades de sus vecinos.

Para la concejala de Ciudadanos, Lidia Cáceres, «Las Palmas de Gran Canaria sufre la tormenta perfecta porque a la crisis, se une una nula gestión».

Y el portavoz de Coalición Canaria, Francis Candil, lamentó que se perdiera otra oportunidad «de avanzar en la atención a las personas que necesitan ayuda».

Desde los asientos de los concejales no adscritos se planteó una queja por el hecho de que los grupos de la oposición no hubieran contado con ellos.

Entre ellos, Beatriz Correas rechazó la declaración de emergencia social por entender que «conduce a un estado de alarmismo cuando las ayudas están llegando». Y situó los problemas de la atención social en la falta de personal que tiene el servicio.

Carmen Guerra también situó las dificultades en la falta de medios que tiene el Ayuntamiento pero no dejó de apuntar el perjuicio que esto supone para los ciudadanos. «Hay gente que llama a los servicios sociales y tienen que esperar hasta seis meses, ¿y mientras tanto, qué hace?».

Para el concejal José Antonio Guerra, el alcalde no debe escudarse en la autocomplacencia. «Su gobierno tiene un suspenso rotundo en materia social», dijo, «hay muchos vecinos que lo están pasando muy mal».

Imagen de archivo de una persona durmiendo en el parque de Santa Catalina. / Arcadio Suárez

El presupuesto social subirá a 36,35 millones de euros en este año

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Carmen Luz Vargas, también informó del aumento de la consignación de las partidas presupuestarias que financian la acción social municipal hasta los 36,35 millones de euros, lo que supone 2,5 millones de euros más que en 2021 (+6%). «Este gobierno apuesta por el gasto social», indicó.

La exposición fue respondida por la concejala del PP Rosa Viera, quien lamentó que el esfuerzo inversor sea tan débil «teniendo tanto dinero en el banco».

Para Lidia Cáceres, es necesario buscar un «marco de financiación en tiempo y forma para responder a quien lo necesita».

Y David Suárez, de Coalición Canaria, reseñó que los 36,35 millones están por debajo de las necesidades sociales reales, ya que el año pasado el gasto final se situó en torno a los 40 millones. Además, dijo que la ciudad pierde 7 millones de euros al año que debería aportar la Comunidad.

Sin embargo, Vargas expuso que el sistema de financiación no había cambiado en los últimos años y recordó el compromiso municipal de seguir aumentando el presupuesto social para atender todas las necesidades de los ciudadanos.

La concejala no adscrita Carmen Guerra considera, en cambio, que el esfuerzo inversor no es suficiente, cuando se tienen 300 millones en el banco. Y José Antonio Guerra reclamó un plan de rescate económico y social.