Canarias estudia limitar la compra de casas por extranjeros, que adquieren el 41%

El Gobierno de Canarias, en línea con lo que solicitan los convocantes de las movilizaciones del 20A, ha decidido dar un paso al frente y ha abierto la vía para limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros.

El Ejecutivo, según informó ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de la comunidad para plantear una reforma legislativa que sea capaz de permitirlo. Todo ello, con el objetivo de dialogar y abrir debate sobre la saturación poblacional en las zonas turísticas, las que más atraen a la población extranjera.

En Canarias los extranjeros compraron el pasado año el 41% de las viviendas que se vendieron, según los datos del Consejo General del Notariado (CIEN). En términos absolutos adquirieron 9.921 de un total de operaciones de 23.908, lo que arroja un saldo de una de cada cuatro.

A pesar del elevado peso de los extranjeros en el mercado inmobiliario de las islas, en 2023 y respecto a un año antes se registró un ligero descenso. En 2022 adquirieron el 42% y el pasado ejercicio fueron el 41%, tras adquirir 11.872 de un total de 27.976, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras la primera Conferencia de Presidentes celebrada el pasado martes en el Parlamento de Canarias, una de las conclusiones fue la de buscar soluciones desde el prisma «científico y legal» para limitar el crecimiento de la población. Una de las líneas de trabajo planteadas fue la aplicación de una «estrategia sobre el reto demográfico», en la que entra en juego la limitación a los extranjeros en la compra de viviendas.

En la actualidad, cualquier ciudadano de los 27 países que conforman la Unión Europea tiene el derecho de libre circulación de capitales entre los territorios. Esto incluye la posibilidad de adquirir inmuebles bien como segunda residencia o para pasar las vacaciones. Según datos del CIEN, en el año 2023, el 25% de los extranjeros residentes que adquirieron una vivienda en Canarias son italianos, mientras que el 10% corresponde a británicos.

En este sentido, ya hay casos de países que han puesto límites a la compraventa debido a las características de su territorio, como es el caso de Malta. En este país comunitario se impide a los ciudadanos europeos comprar más de una vivienda en la isla, aunque si son residentes durante más de cinco años el número de inmuebles puede aumentar.

De esta forma, el Ejecutivo trasladará hasta Bruselas la problemática existente en las islas para marcar la hoja de ruta de la próxima Comisión Europea, Así, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido a la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM), que aglutina a 150 regiones marítimas de 24 países de la UE, que se celebre un foro monográfico liderado por las islas.

Se trata, además, de una de las tareas que el Ejecutivo se ha marcado para esta legislatura. La comunidad autónoma entiende que es un asunto «que trasciende más allá de las islas», un reto que se comparte con otros territorios y que requiere una reflexión «en el seno de la UE».

Poner límites en el crecimiento de la población y afrontar el reto demográfico son algunas de las cuestiones que más preocupan a los residentes. Y es que, según la Estadística Continua de Población, en 2023 las islas sumaron 22.997 residentes, de los que el 46,6% son de nacionalidad extranjera.

Hay algunos ejemplos de RUP que ya han puesto medidas para controlar el crecimiento de su población, como es el caso de Mayotte, un territorio francés con dimensiones similares a La Gomera en el que aquellos extranjeros que nazcan en este archipiélago no serán reconocidos como ciudadanos franceses.

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