AUGC urge la incorporación de al menos mil guardias civiles más para atender seguridad e inmigración

Juan Antonio Fernández, secretario general de AUGC, ha indicado ante la comisión de estudio de la inmigración en el Parlamento de Canarias que el aumento exponencial en la llegada de inmigrantes ha tenido una repercusión «inmediata y directa» en el servicio de la Guardia Civil, que es el cuerpo competente en materia de control de la inmigración.

Fernández ha indicado que en las ocho islas canarias hay 3.250 miembros del cuerpo, una cifra «claramente insuficiente» porque al menos se necesitarían 4.450 efectivos para dar una respuesta adecuada a la insularidad, la gran cantidad de población flotante, la actividad turística y la condición de región ultraperiférica, uno de los elementos clave «para establecer la radiografía de esta situación».

«La plantilla de la Guardia Civil requiere urgentemente ser aumentada para atender la demanda de servicios en materia de seguridad, la gestión de las costas y los flujos migratorios», porque tanto la intervención a pie de terreno policial y humanitaria, como la investigación de la actividad criminal, precisa de unidades altamente especializadas «sin detraer efectivos ya existentes», ha indicado Fernández.

La infradotación en la plantilla incide de manera directa en la formación de los guardias civiles que deben atender la migración, a lo que se suma la falta de protocolos para una actuación coordinada y uniforme «no ya en la propia Guardia Civil, sino con el resto» de agentes que intervienen en el control de la inmigración.

«Ahora mismo las embarcaciones se tienen que poner de acuerdo sobre la marcha con Salvamento Marítimo para ver quién atiende», ha advertido el dirigente de AUGC, quien ha incidido en que la carencia de personal es especialmente preocupante en el servicio marítimo de la Guardia Civil, con déficit de patrones, marineros y mecánicos.

Las embarcaciones tienen muchas horas de mar y no están especialmente diseñadas para el salvamento de personas, lo que supone un doble riesgo para el migrante que se va a rescatar y para el agente, ha señalado Juan Antonio Fernández.

Al respecto, ha llamado la atención sobre el hecho de que dos embarcaciones retiradas del servicio en 2020 habían sido cedidas en 1999 por la Consejería canaria de Agricultura, «lo que agradecemos, pero no debería ser lo normal».

Otro ejemplo es que el destacamento del servicio marítimo en Lanzarote lleva 15 años igual pese a que debe vigilar unas 250 millas náuticas «y un patrón y un marinero de la Guardia Civil saben qué sacrificio y esfuerzo conlleva», ha señalado el dirigente de AUGC, quien ha apostillado que el SIVE «necesita más operatividad y menos publicidad».

Las mismas carencias afectan a los servicios de GEAS, helicópteros y vigilancia fiscal y Juan Antonio Fernández ha explicado que ahora hay diez guardias civiles menos en el puerto de La Luz y de Las Palmas que en 1989.

Canarias es un territorio seguro pero debe prepararse para los retos de futuro con equipos policiales coordinados y replanteando el despliegue de la Guardia Civil en su territorio, porque una economía ligada al turismo precisa que su entorno sea de seguridad, ha considerado Fernández.

Ha insistido en que Canarias es una zona segura «porque la Guardia Civil se deja la piel a diario y es mucho el esfuerzo que no se ve», y pese a que el cuerpo padece una discriminación con el resto de fuerzas de seguridad «a la que nadie sabe dar una explicación», por lo que ha pedido «más atención y cariño» por parte del Ministerio del Interior.

La AUGC también ha reclamado la implicación del Gobierno de Canarias y de las entidades locales para conformar un pacto entre todos los poderes públicos para modernizar la Guardia Civil pues de este hecho, ha proseguido, en gran medida depende la eficacia de la seguridad pública en el archipiélago.

Respecto a la seguridad y la inmigración, el secretario general de la AUGC ha afirmado que los menores extranjeros no acompañados «están generando graves problemas de seguridad ciudadana, no es algo que no se conozca» y se registraron incidentes «graves» durante el estado de alarma en 2020 en el municipio grancanario de Mogán.

Los peores episodios se produjeron a finales de 2020 y principios de 2021 y en varias ocasiones se requirió el desplazamiento de agentes antidisturbios de la unidad GRS-18 con base en Tenerife, ha precisado el secretario general de la AUGC.