Mujer en bicicleta por Madrid. / José Ramón Ladra

La bicicleta entra en la nómina para impulsar su uso para ir al trabajo

Francia, Alemania y Reino Unido incorporan la bici como retribución flexible, España aún se resiste

José A. González
JOSÉ A. GONZÁLEZ Madrid

Coche, moto, autobús, metro o tren. Estos son algunos de los medios de transporte para acudir al trabajo, aunque en los últimos años y meses hay que sumar a la ecuación: la bicicleta y los patinetes. El pasado 2021, en España se vendieron más de un millón y medio de bicicletas en España. Una cifra récord donde la eléctrica se posiciona como la preferida por los españoles.

Las bicis se presentan como alternativa a una movilidad más sostenible, pero en contadas ocasiones se usa para ir al trabajo. Seis de cada diez españoles, según Ipsos, rechaza ir a su oficina en este medio por falta de seguridad.

En algunos países, las bicis suelen ser relacionadas con actividades de ocio y no como modo de transporte. Un pensamiento que tendrá que cambiar con el paso de los meses, ya que ir al trabajo de forma sostenible entrará en el ordenamiento jurídico español con la Ley de Movilidad Sostenible en la que trabaja el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Vieja conocida

En la Agenda 2030, la bicicleta aparece como un vehículo clave en la transformación de las ciudades y alternativa a los vehículos de combustión de gasolina y diésel. Sin embargo, las ayudas son escasas. «No hay un plan como el MOVES para la bicicleta», critican las asociaciones relacionadas con este medio de transporte. «Son necesarios planes de financiación pública, tanto de infraestructuras ciclistas como de ayudas a los sectores económicos del entorno de la bicicleta», señala la Estrategia de la Bicicleta del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de julio de 2021.

En estas mismas páginas, una de las propuestas para impulsar la micromovilidad es que las empresas faciliten ir al trabajo en bici como retribución flexible. Una petición lanzada en 2014 por la Mesa Nacional de la Bicicleta y apoyada por, entre otros, el ex ciclista Pedro Delgado.

El manifiesto recogía que el trabajador obtuviera una ventaja fiscal, a través de una disminución del IRPF proporcional al precio de la bicicleta. «Con este sistema, un empleado que pague un IRPF del 18%, al adquirir una bicicleta de 500 euros, tendría un ahorro de 90 euros. En este caso, aunque el Estado dejara de ingresar estos 90 euros de contribución a la Seguridad Social, se beneficiaría igualmente de los 105 euros de IVA y de otras ventajas sociales derivadas del aumento del uso de la bicicleta en el entorno laboral», señalaba la propuesta en 2014.

Seis años después, el grupo parlamentario Ciudadanos llevó a la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados esta misma idea. «El objetivo es que las empresas fomenten el uso de la bicicleta entre sus empleados gracias a unos incentivos parecidos a lo que ya existen para la comida, con los cheques restaurantes, o para otros transportes, con el pago del abono mensual de transporte público», señalaba el partido naranja en la propuesta. «La facilitación de la compra podría lograrse mediante desgravaciones fiscales o por acuerdos entre empresas, productores/distribuidores de bicicletas y entidades financieras de diversa índole», recoge la Estrategia de la Bicicleta hace unos escasos meses. Sin embargo, la propuesta aún no se ha materializado.

'No' de Hacienda

Desde el punto de vista fiscal, «la Dirección General de Tributos ha dejado claro que la compra de bicicletas por parte de la empresa para su posterior entrega a sus empleados para su uso en sus desplazamientos al lugar de trabajo tiene la consideración de rendimiento del trabajo en especie», apunta el equipo fiscal y laboral de Sincro Global Outsourcing.

En otros países del entorno de España, esta petición sí es una realidad. Alemania, Francia y Países Bajos incluyen la compra de bicicletas en la retribución flexible. En el caso de Reino Unido, esta medida se aplica desde hace ocho años en un programa al que se han sumado 34.000 empresas. «Para los trabajadores, supone, además, un ahorro importante en la compra de la bicicleta, ya que no pagarían la parte del IRPF correspondiente», defendía Ciudadanos en su propuesta de 2020.

«No se le puede aplicar ningún supuesto de excepción como el contemplado para las tarjetas de transporte (art. 42.2.h de la ley 35/2006 del IRPF)», apuntan desde Sincro Global Outsourcing. Hacienda niega esa posibilidad al entender que la norma que introdujo el que las tarjetas o abonos de transporte estuviesen exentos de tributación (RD-Ley 6/2010) explica en su exposición de motivos que se trataba de «incentivar los medios de transporte público colectivo en los desplazamientos de los empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo». «Y una bicicleta no cumple ese objetivo», sentencian los expertos fiscales.

El sector pide incentivos

La Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) ha solicitado que se incluyan en el decreto de ahorro energético medidas «concretas y ambiciosas» para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte «clave» para hacer frente a los retos económicos, energéticos y de eficiencia.

«El decreto energético es una oportunidad perdida para apostar por la bicicleta», lamentan. Entre sus peticiones al Ejecutivo está la reducción del IVA para la compra de bicicletas y bonificaciones de hasta el 50% en los abonos de alquiler de bicicleta pública, a semejanza de otros sistemas de transporte como el bus, el metro o el tren.

Además, exigen un aumento de la dotación presupuestaria para la implementación de la Estrategia Estatal por la Bicicleta. «Estas medidas serían de gran eficacia para apoyar la economía de las familias, reducir la inflación y la dependencia energética, apostar por el uso eficiente de la energía y contribuir a la economía local», explican.