La política canaria tiene un marcado matiz que roza el patetismo en muchas de sus expresiones, pero la desarrollada en torno a la Radio Televisión Pública Canaria por el presidente del Gobierno y su equipo de comunicación es, en sí misma, un auténtico esperpento, sólo comparable a la gestión de las repúblicas bananeras.
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No engañemos a nadie en esta truculenta historia que conocemos a la perfección porque, por unas razones o por otras, especialmente por ser un medio de comunicación objeto del deseo político para la propaganda y la manipulación, los periodistas tenemos especial interés en todo lo que se mueve a nuestro alrededor.
La televisión se reveló imprescindible para Fernando Clavijo, tanto para la propaganda, cuyo máxima expresión contemplamos atónitos cada día en los informativos de la cadena pública sin ningún tipo de rubor, como para anclar su partido a los intereses de las empresas periodísticas del archipiélago, que constituyen la otra gran pata de su estrategia informativa, formando lo que el presidente del Cabildo de Gran Canaria ha llamado “acorazada mediática”. Esa estrategia se diseñó y se negoció desde el mismo momento en el que Ana Oramas renunció a la candidatura a la presidencia del Gobierno y coloca a su ahijado al frente del mismo, un concejal venido a más con una alcaldía heredada, pero fiel representante de la montaraza ultraderechista del chicharrerismo profundo y llavero de la propia Oramas, aunque en esta última etapa, subyugado por el poder y la hegemonía que le proporciona la insultante debilidad con la que se conduce el PSOE de Ángel Víctor Torres y las ataduras del PP a los intereses de Madrid, el hijo se ha vuelto ambicioso y ha dejado a su madre en la estacada.
En ese contubernio político mediático participan muchos al calor de las promesas que llegan de Coalición Canaria que negocia y reparte el concurso de los informativos sin ningún recato, sin ningún respeto por los procedimientos administrativos, por la transparencia y la legalidad de los actos de la administración pública. 144 millones no es mucho en un presupuesto de siete mil millones, de hecho es calderilla para Clavijo, pero lo suficientemente sustanciosa para engoar a unos y a otros en el ámbito de la comunicación con promesas y con engaños directos en maniobras pensadas y orquestadas desde los despachos de la presidencia del Gobierno y hasta los medios más provinciales de Gran Canaria cambian su línea editorial para ponerse al servicio de ATI y de Clavijo.
La verdad siempre produce escándalo, pero no ha logrado sonrojar a los protagonistas de este episodio de la política tramposa y casposa que vivimos en Canarias, y que practica Coalición Canaria. Una vez tomadas las decisiones, la cuestión era vestir al machango. Para ello se buscó al personal adecuado, empleados ambiciosos, ejecutores fieles de los acuerdos políticos, capaces de autoinmolarse y cometer todas las irregularidades e ilegalidades que se encontrasen en el camino con tal de cumplir. La desgracias no vienen solas y Dios castiga la maldad. Con lo que contaba quien amañó este acuerdo era con la complacencia y complicidad de empresas editoras comprometidas y convenientemente halagadas con el presupuesto público, con partidos como el PSOE de Ángel Víctor Torres o los gomeros de Casimiro Curbelo, con la puesta de perfil de algunos jueces y con la colaboración, inaudita, de algunos funcionarios públicos. Con lo que no contaban los tramposos era con la incompetencia de sus ejecutores y con la esencia de la democracia, que no es otra que la legalidad, la transparencia y la confluencia de colisión de intereses. La mala fe y la chapuza han presidido todos y cada uno de los actos encaminados a adjudicar el concurso de informativos como muestra la inusitada actividad encaminada a tal fin y suficientemente publicada en algunos medios de comunicación, como CANARIAS7, empresa que jamás ha escondido a sus lectores y clientes su participación y su interés en este tema, que no es otro que seguir prestando el servicio pero en un concurso limpio y transparente.
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Si los administradores de lo público, en manos de Coalición Canaria, son capaces de hacer lo que hemos visto en este concurso público a pesar de tener los ojos de cientos de periodistas encima, me pregunto qué no serán capaces de hacer en la oscuridad, cuando nadie los mira, a escondidas.
Pero en todas las esquinas de un Estado de Derecho siempre hay demócratas que velan porque los procesos públicos sean limpios, como en la mesa de contratación, en la que se estrellaron algunas maniobras desarticuladas por funcionarios que no querían mancharse las manos. La justicia suele actuar mal y tarde, pero en este caso también encontró cauce la verdad, que no era otra que la obviedad repetida una y otra vez, que el presidente del Consejo Rector de la RTVC no es competente para adjudicar un contrato de 144 millones, una osadía legal para dejar en manos de una sola persona, y de la arbitrariedad, un procedimiento público que el propio juez tacha de como un proceder «esperpéntico y clamoroso por un órgano sin competencias.
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De nada servirá el enredo y la perversión procesal democrática que ha presidido estas actuaciones, incluida la utilización torticera de la justicia. Al final, a Santiago Negrín, no le ha quedado otro remedio que reconocer que la verdad lo ha acorralado. Su carta a la presidenta del Parlamento de Canarias es el reconocimiento de un triunfo, el de la ley y la verdad y la constatación de un fracaso, el de la mentira y el retorcimiento de los procedimientos legales para la ejecución de un plan de comunicación que beneficie, con dinero público, a Fernando Clavijo y a Coalición Canaria /ATI.
Manuel Mederos
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