Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. / c7

Piden 29 años de cárcel por fraude en la obtención de permisos de conducir en Tenerife

Entre los acusados se encuentran tres funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife

EFE Santa Cruz de Tenerife

El Ministerio Fiscal ha pedido un total de 29 años de prisión para los nueve acusados, entre ellos tres funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, de participar en 2010 en una trama para la obtención fraudulenta de permisos de conducir.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife inicia la próxima semana el juicio en el que uno de los principales acusados es el propietario de una autoescuela en el sur de Tenerife, en la que trabajaba su esposa, también procesada en la causa.

Según el escrito de la Fiscalía, ambos captaban entre los alumnos de la autoescuela a aquellas personas que estuviesen interesadas en obtener el permiso de conducir sin estar capacitados para ello, presuntamente a cambio del abono de cantidades de dinero que oscilaban entre los 2.000 y los 8.000 euros.

Para ello, el Ministerio fiscal indica que los acusados se valían de la intervención de dos funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, a los que con frecuencia, y a cambio al parecer de la entrega de parte del dinero que obtenían de los alumnos, así como de viajes y reservas hoteleras, solicitaban su ayuda para lograr la superación de las pruebas de conocimientos, y de aptitudes y comportamientos para determinados alumnos.

Añade el escrito que muchos de los alumnos interesados en obtener el permiso de forma irregular eran de nacionalidad china y acudían a la autoescuela por la intermediación de otro de los acusados, que era un empresario afincado en el sur de Tenerife y con notoriedad en la comunidad china en la isla.

Este acusado conocía, según la Fiscalía, la participación de funcionarios de tráfico en la obtención fraudulenta de permisos de conducir y contactaba con los ciudadanos chinos que estuviesen interesados en obtenerlo sin estar capacitados para ello a cambio del abono de cantidades monetarias que oscilaban entre los 4.000 y los 8.000 euros.

Una vez abonadas las referidas sumas, el acusado contactaba con el propietario de la autoescuela para que los alumnos que llevaba superasen las pruebas.

Los funcionarios encausados, para los que se pide también inhabilitación para el empleo público, tenían encomendada, entre otras tareas, la selección de los test que se utilizarían en los exámenes teóricos y la realización de exámenes teóricos y prácticas de varias clases de permisos de conducir.

La Fiscalía señala que uno de los funcionarios, que era conocedor de los cuestionarios de exámenes que iban a establecerse en el centro de exámenes de la Dirección General de Tráfico en Santa Cruz de Tenerife, entregaba de forma continuada los test a estos alumnos e, incluso, a aquellos alumnos chinos que presentaban dificultades con el idioma les indicaban que aprendiesen de memoria las respuestas correctas para así superar el examen teórico «pese a no tener los conocimientos necesarios para ello» o corregía los exámenes.

La actividad supuestamente fraudulenta también se produjo en exámenes de una autoescuela de La Gomera, donde uno de los funcionarios encausados era el examinador.

La Fiscalía entiende que los alumnos, algunos de ellos también encausados, eran conscientes de la ilegalidad en la obtención del permiso, y que habían de entregar una cantidad de dinero a fin de que un funcionario de la Jefatura Provincial de Tráfico llevara a cabo las actuaciones u omisiones que fueran necesarias.

En algunas ocasiones, el acusado contactaba con una funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife y le solicitaba su mediación en la asignación de aquellos examinadores de la Jefatura Provincial de Tráfico que mejor le conviniesen a sus fines, aunque no consta que la acusada fuese conocedora del entramado existente entre y los examinadores de Tráfico para la obtención fraudulenta de los permisos de conducir.

La Fiscalía entiende que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de cohecho, de un delito continuado de revelación de secreto, de un delito continuado de falsedad en documento oficial y de un delito de prevaricación.

En el caso de dictarse sentencia condenatoria, el Fiscal ha pedido la remisión de testimonio de la sentencia condenatoria a la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife a fin de que en su caso, procedan a la anulación de los permisos de conducir de cinco alumnos.