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La Guardia Civil de Fuerteventura, «en el marco de las funciones de lucha contra la ciberdelincuencia», ha investigado el pasado 30 de septiembre a una mujer por estafar 22.000 euros a una persona con el alquiler de una vivienda en la isla. Así lo ha informado el organismo este martes en nota de prensa.
La presunta autora de los hechos, de 30 años, habría realizado la compra de dos vehículos mediante créditos fraudulentos en concesionarios de Madrid. Está siendo investigada por los delitos de estafa, suplantación de identidad, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La investigación se ha producido después de que la unidad especializada de la Guardia Civil majorera en la lucha contra las estafas cometidas a través de Internet tuviera conocimiento de lo que había pasado el 11 de abril de este año tras la denuncia de una persona que había sido estafada al intentar alquilar una vivienda vacacional en la isla.
Los hechos se remontan a julio del año 2023,cuando la víctima pretendía alquilar una vivienda en Fuerteventura para lo que había adelantado la cantidad de 150 euros en concepto de reserva, así como había remitido previamente al supuesto arrendador documentación personal para la formalización del contrato y que le había exigido con el pretexto de agilizar los trámites del alquiler (DNI, nómina laboral, copia declaración de la renta, etc.).
Una vez remitida dicha documentación y habiendo abonado el dinero al supuesto arrendador, el denunciante no volvió a saber nada de la investigada, percatándose entonces de que había sido víctima de una estafa.
Pero la cosa no acabó ahí, ya que en febrero de 2024, cuando acudió a su entidad bancaria para solicitar un préstamo hipotecario, el banco le expuso que dicha operación no era posible por tener varias deudas pendientes relacionadas con otros créditos a su nombre, si bien la víctima no reconocía haber contratado estos.
Atendiendo a estos hechos, la Guardia Civil inició una investigación centrada en el análisis del origen de dichos créditos y la forma de contratación de los mismos, pudiendo comprobar que los mismos tenían su origen en la compra de dos vehículos en dos concesionarios de Madrid a través de créditos a nombre del denunciante, para lo que la investigada habría utilizado toda la documentación personal que había obtenido del mismo en la estafa previa cometida en el alquiler de la vivienda inicial.
La investigación permitió localizar los vehículos adquiridos de manera fraudulenta en Asturias, los cuáles se habían transferido a nombre de la supuesta autora de los hechos, utilizando contratos de compraventa falsos a nombre de la víctima, consiguiendo transferir los mismos de una manera aparentemente legal, para después venderlos nuevamente a terceras personas ajenas a los hechos y obtener así el beneficio económico de estas transacciones.
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