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Vientres de alquiler, el negocio de un deseo

Vientres de alquiler, el negocio de un deseo

Que una mujer geste al bebé de otra pareja es una práctica prohibida en España. Sin embargo, proliferan las agencias que intermedian y ofertan madres gestantes en el extranjero, sobre todo en Ucrania. El feminismo habla de «mercantilización de los cuerpos», Ciudadanos de «libertad individual»

Jueves, 1 de enero 1970

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Uno de los temas de debate político más enconados de los últimos meses ha sido el de la «gestación subrogada», práctica que en España no está permitida. Pero hasta ahora, parejas o personas solteras que no podían tener descendencia recurrían a un vientre de alquiler en el extranjero registrando a sus bebés en los consulados. El deseo –a veces confundido con un derecho– de tener hijos ha hecho que en los últimos años proliferen en España, Canarias incluida, empresas intermediarias que operan en países en los que la práctica es legal. Estas agencias ofrecen a los futuros padres o madresde intención un catálogo de candidatas, gestionan los contratos, proporcionan asesoramiento jurídico y conciertan las clínicas en las que nacerán las criaturas. El problema es que hace unos meses el Gobierno de España cerró la vía para inscribir a los bebés en el registro consular y varias familias con sus bebés se quedaron «atrapadas» en Ucrania, uno de los países más baratos para encargar un hijo o hija.

Desde la Asociación de Gestación Asistida Reproductiva (Agar), Roberto Pertíñez reclama que se respeten «todos los modelos de familia», incluida la que se forma gracias a los vientres de alquiler y lamenta que con la negativa de España a inscribir a estos bebés «se está criminalizando a esos hijos».

Ciudadanos es el partido político que aboga abiertamente por regular en España esta práctica que define como «una opción más de libertad individual». Su propuesta es que se admita el gesto «altruista» de mujeres que quieren ser las gestantes de criaturas de otros. Pero, lo cierto, sin embargo, es que en aquellos países en los que está así regulada, como Reino Unido o Canadá, las cortapisas son tantas (no puede haber agencias intermediarias, no se pueden poner anuncios buscando posibles madres) y el procedimiento tan caro –aunque no medie un contrato ni pago hay que compensar a la madre por los días de trabajo perdido y correr con sus gastos, pagar la fecundación in vitro, las pruebas médicas, etcétera– que no tiene mucho éxito. A todo ello hay que sumar, como reconocen las propias agencias, que es difícil encontrar mujeres altruistas, por lo que el procedimiento se alarga en el tiempo.

En general, la mayor parte de las parejas que recurren a los vientres de alquiler son heterosexuales. Pero va en aumento el número de parejas LGTBI o de personas solas que también requieren este servicio.

En el colectivo Gamá están «debatiendo el tema», explicó una portavoz del mismo. «Lo que está pasando en Ucrania es un problema importante para esas familias. Ya pasó antes en Tailandia o India», recuerda Gamá, que si bien no tiene una postura pública a favor o en contra de los vientres de alquiler sí cree que es necesario «visibilizar el tema y hablar de ello porque aquello que se queda en la catacumbas termina podrido». A juicio del colectivo, que aboga por regular el asunto, «ni todos los procesos ni todos los padres de intención son iguales». En definitiva, añaden, «si España es tibia en la respuesta serán las agencias las que marquen los caminos. Si no hay debate se pierden los matices».

Consentimiento

Por su parte, Elena Suárez, de Mujeres Libres Yazirat, asegura que su colectivo está «totalmente en contra de los vientres de alquiler, porque se habla del consentimiento [de la mujer a someterse a un embarazo] y este no es siempre puro. Ese consentimiento puede ser obtenido por la coacción, por la pobreza o fruto de una relación de fuerza. Cuando el capitalismo y el patriarcado se alían siempre acaban mercantilizando el cuerpo de las mujeres. Los vientres de alquiler están asociados a la feminización de la pobreza», añade.

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