Vicky Rosell desgrana en Twitter la ley de libertad sexual

03/03/2020

La magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género se ha pronunciado en la red social sobre «las barbaridades» que se han escuchado «sin leer» el anteproyecto de ley presentado este martes en el Consejo de Ministros que reformará el Código Penal para poner en el centro de la agresión sexual el consentimiento y acabar con la distinción entre abuso y violación. La nueva ley de libertad sexual se ha convertido rápidamente en Trending Topic en Twitter.

La ley de libertad sexual modificará el Código Penal para introducir «un sistema de penas diferente» para los delitos sexuales, basado en el consentimiento, con penas de hasta 15 años para los casos más graves de violación y la introducción del delito de acoso callejero, conocido como «acoso ocasional sexista leve».

La incorporación del consentimiento en la que también se conoce como la ley de «solo sí es sí» implica un cambio de paradigma al no poner el foco en la violencia, intimidación o la resistencia de la víctima, sino en la conformidad inequívoca de los actos a cometer. «Sin consentimiento hay agresión sexual. No abuso. Y si además hay penetración, es violación. Sin violencia», explica Rosell en su hilo en Twitter.

Fuentes de Igualdad han precisado que aspira a ser un cambio en la consideración de los delitos contra la libertad sexual que amplíe el margen de penas del que disponen los jueces y aumente la proporcionalidad de las mismas.

Estas penas se referirán a los delitos que impliquen a víctimas de 16 años o más, sin carácter retroactivo.

Novedades

Entre las novedades más destacadas de la ley, está la inclusión en el Código Penal del delito de «acoso ocasional» que considerará como un delito leve aquellas «expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas» que pongan a la víctima en una situación «objetivamente humillante, hostil o intimidatoria». La comisión no reiterada de este tipo de delito conllevará penas de localización permanente, trabajos comunitarios o multas para los agresores. Se castigará así el conocido como acoso callejero.

También hay cambios en las penas de las violaciones: la penetración sin consentimiento se castigará con penas de 4 a 10 años (antes, de 4 a 12). La violación con una agravante podrá ser penada con entre 7 y 12 años y si se le suman dos, con entre 9 y 15 años, han informado fuentes de Igualdad.

Con este marco, ha aclarado Igualdad, las penas a los condenados de la Manada por la violación a una joven en los Sanfermines, serían las mismas. «Criminológicamente una violación no debe superar la pena máxima de homicidio (de 10 a 15 años) y del asesinato (de 15 a 25), han aclarado desde el ministerio.

«Los violadores de Pamplona fueron condenados -por el TSupremo- a 15 años por dos agravantes del art 180, grupo y trato degradante. Ambas se mantienen. En Manresa 5 penetraciones por turnos a menor de 14 años inconsciente fue abuso: “No hubo violencia”. Ahora sería violacion», indica Rosell.

La nueva ley, que también cambiará el Código Penal militar, modificará además la Ley de Extranjería para que las víctimas de violencia sexual no puedan ser deportadas mientras se resuelve su caso, al igual que ocurre con la violencia de género.

En la modificación del Código Penal relativa a los delitos sexuales se introducirá además la agravante de que la agresión sexual haya sido precedida o acompañada de violencia y grave daño y también se matizará la agravante de parentesco para dejar claro que se debe incrementar la pena en caso de que la víctima sea la esposa o expareja del agresor.

Subirán las penas por acoso sexual (de 3-7 meses a 6-12 meses), que implicaría «solicitar sexualmente en el ámbito laboral, docente o de desigualdad, provocando intimidación, hostilidad o humillación graves». Estas penas podrán ir acompañadas de inhabilitación profesional o para el cargo. Las agresiones contra la libertad sexual de las personas sin su consentimiento expreso se castigarán con entre 1 y 4 años de cárcel.

Se castigará asimismo la solicitud sexual de funcionarios a personas bajo custodia en centros penitenciarios, de menores y en los centros de internamiento de extranjeros (CIE).

En cuanto a la instrucción y enjuiciamiento de estos delitos, la ley establece que se encargarán de ellos juzgados especializados y que el Poder Judicial tendrá un año para revisar las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y decidir así si se encargan de estos asuntos o se crean nuevos órganos con tal fin. La especialización de jueces y fiscales es otro de los puntos de la ley, que además obligará a que los agresores condenados a menos de dos años de prisión que no tengan que entrar en la cárcel deban participar en programas formativos de igualdad y educación sexual y se le impondrá la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, igual que en la violencia de género.