Las Palmas de Gran Canaria

Una red delictiva que no para de crecer

18/10/2018

El juez Javier García amplía las pesquisas en torno a una trama empresarial que presuntamente alteraba el coste de obras millonarias en el Puerto de La Luz y Las Palmas y en la Ciudad de la Justicia. Afecta a medio centenar de empresas

Las investigaciones que dirige el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria sobre una trama empresarial para incrementar de manera presuntamente ilegal el coste de las obras contratadas con las administraciones y luego blanquear ese dinero adicional se amplían con la citación en calidad de imputados -investigados en el nuevo léxico judicial- de seis personas. Inicialmente eran cuatro los investigados pero las averiguaciones en el marco de una instrucción que se inició hace tres añosllevan al juez Javier García García-Sotoca a esas nuevas imputaciones.

Asimismo, desfilarán en las próximas semanas por el juzgado los representantes de medio centenar de empresas investigadas para ir delimitando el alcance de su participación en la presunta trama. Hasta el momento, el juez ha imputado los delitos de blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y fraude fiscal.

En síntesis, el juzgado ha ido desvelando el trabajo de una red que eludía el pago de impuestos a través de facturas falsas, al tiempo que se blanqueaba el dinero procedente de pagos por encima del coste real. En el centro de la trama se encuentran las empresas Muralla de Occidente, Poseidón, Atlantic Mogán, Primera Legión, Cophisa y Hermanos Uarte. Los ingresos procedían de trabajos realizados preferentemente por Fomento de Construcciones y Contratas y Comsa y entre las obras realizadas se encuentran la construcción de la Ciudad de la Justicia, en la capital grancanaria, y la ampliación del dique Reina Sofía, en el Puerto de La Luz y Las Palmas. Según avanzó el periódico La Provincia, el importe de ese mecanismo de ingeniería financiera rondaría los 12 millones de euros, si bien la cantidad exacta queda sujeta a las nuevas investigaciones en marcha.

El Juzgado de Instrucción número 7 ha contado con informes periciales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía Nacional.

Protagonistas

En el centro de la trama delictiva aparecen Juan Antonio Madrigal Martínez-Pereda, ejecutivo de Fomento de Construcciones y Contratas; Juan Carlos Delgado Neyra, vinculado a varias de las sociedades mencionada y que habría montado con el anterior el entramado para el lavado de dinero y Fernando Hernández Ibáñez, que aparece como administrador único de Cophisa y empleado de Cophisa. El origen de la investigación es una actuación de la Agencia Tributaria, que detecta precisamente ese entramado empresarial para eludir pagos a Hacienda. Fruto de las pesquisas judiciales, fueron intervenidos 27 vehículos -muchos de alta gama-, un centenar de obras de arte y numerosas propiedes, bienes que serían fruto de la trama delictiva.

Los tres principales sospechosos fueron detenidos a finales del pasado año y quedaron en libertad provisional. Se procedió también al registro de sus inmuebles.

La investigación, según fuentes vinculadas a la misma, ha sido muy compleja por la habilidad de los intervinientes en la trama para ocultar su negocio paralelo. Asimismo, la creación de diversas sociedades pantalla y el empleo de otras personas que habrían actuado como testaferros ha obligado a extender la relación de investigados y a contar en todo momento con el auxilio de los expertos de la Udef y de la Agencia Tributaria.

El juez llegó incluso en su momento a autorizar pinchazos telefónicos que acreditan el modus operandi de los investigados.

Uno de los interrogantes por despejar ahora es el grado de implicación de las constructoras en la trama, máxime cuando una de las personas en el eje de la trama es alto ejecutivo de Fomento de Construcciones y Contratas y otro empleado de Comsa. Asimismo se da la circunstancia de que algunas de las obras públicas realizadas por dichas compañías y mencionadas en la investigación se caracterizaron por sobrecostes respecto a los proyectos originales. Especialmente significativo fue el caso precisamente de la Ciudad de la Justicia, con la paradoja de que esta investigación se desarrollo precisamente desde ese edificio, que englobó las sedes judiciales dispersas durante años en la capital grancanaria.

El trance de comsa

En el caso concreto de Comsa, las actividades de la presunta trama delictiva en Canarias se producen en un momento especialmente delicado para la compañía, que se vio obligada a la venta de activos en negocios no estratégicos para cumplir con el acuerdo de refinanciación pactado con sus bancos en diciembre de 2016. En virtud de este plan, el grupo se comprometió a realizar desinversiones por valor de 200 millones de euros mediante la venta de actividades que no sean de construcción e ingeniería antes de 2020. De esta forma, la compañía podrá cumplir con otra parte del plan, la de inyectar 250 millones de euros en la empresa ante de 2021. En caso de no hacerlo, la banca tomaría el 50% de su capital.