Caso Montecarlo

Niegan haber urdido una trama para apropiarse de fondos públicos en La Oliva

30/10/2018

El interventor del Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) acusado de participar en una trama corrupta para apropiarse de fondos municipales junto a un empresario y un concejal y los otros dos imputados han negado hoy haberse adueñado de dinero público y han sostenido que los hechos fueron malinterpretados.

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Al comienzo del juicio que se sigue contra ellos en la Audiencia de Las Palmas, enmarcado en una pieza del llamado «caso Montecarlo», Carlos Sáenz, interventor del Consistorio cuando ocurrieron esos hechos, entre 2006 y 2008, ha reconocido que «omitió fiscalizar» la actividad de Tributos La Oliva, sociedad creada para gestionar la recaudación municipal, pero atribuyéndolo solo a una «dejación» y a que había otros funcionarios que también debían hacerlo.

Lo que no ha admitido, sin embargo, es que su proceder obedeciera al propósito de enriquecimiento ilícito del que le acusa el Ministerio Fiscal, aduciendo que «él no entraba en cómo gestionaba la empresa» el entonces titular de la misma, José Vicente Montesinos, que tampoco ha reconocido haber actuado de forma delictiva.

Respecto a los desembolsos que llevó a cabo en Tributos La Oliva por cantidades varias, desde 1.000 euros en una de las ocasiones hasta 182.000 euros en otra, y que la Fiscalía afirma que eran dinero público que se embolsaron los acusados, Montesinos ha señalado que eran sumas que cogía para pagar los gastos de funcionamiento de la empresa, nóminas, impuestos y otros, y cuyo destino quedó luego registrado mediante ingresos en bancos o transferencias.

Operaciones estas últimas que quedaron registradas formalmente con la correspondiente documentación y, por tanto, pueden ser verificadas, demostrando que los fondos que retiraba «eran dinero de Tributos La Oliva (su empresa entonces) y de nadie más».

En esa sociedad, ha apuntado, había dos cajas contables, una con los fondos del Ayuntamiento que se recaudaban por el pago de impuestos que hacían allí los ciudadanos y otra con los propios de la compañía.

Y ha asegurado que la veracidad de sus palabras ha sido certificada por un perito judicial que examinó las operaciones en cuestión y comprobó que el destino del dinero en cuestión fue el que él había dicho «casi en el 99,97 %» de su cuantía total.

El resto, ha añadido, son cantidades menores que ha sostenido que fueron incluidas en su contabilidad por error o despiste, como varios billetes de barco que figuran como que pagó a Carlos Sáenz y que él ha expuesto que abonó en realidad el interventor, pero que, como ambos viajaban juntos a diario para trabajar a Fuerteventura desde Lanzarote, donde residían los dos, usó para justificar gastos de viajes de trabajo para ahorrar impuestos.

Si bien ha subrayado que solo ocurrió así en unos pocos casos, ya que son «cinco billetes por un importe total que no supera los 150 euros», cuando en realidad ambos viajaron juntos «doscientas veces».

Tanto Montesinos como Sáenz han asegurado, además, que una transferencia de 3.000 euros que el primero hizo al segundo en una ocasión y que la Fiscalía sostiene que fue un pago corrupto fue en realidad para devolverle un dinero que el interventor le había prestado.

Y tampoco ha reconocido los presuntos delitos de los que le acusan el que fuera entonces concejal de Hacienda, Guillermo Morera, en el marco de un juicio que proseguirá mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. EFE

cms/jmr