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Los procuradores también rechazan el plan de choque

Los procuradores también rechazan el plan de choque

El Colegio de Procuradores de Las Palmas manifiesta su “rechazo” a los términos en que ha sido propuesto por el Consejo General del Poder Judicial al plan de choque de la Administración de Justicia tras el estado de alarma. Creen que no es momento de “abordar ambiciosas reformas legislativas” y ven “inútil” habilitar el mes de agosto “si no va acompañada de la presencia obligatoria del personal de Justicia”.

Jueves, 1 de enero 1970

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Los procuradores de Las Palmas, al igual que hicieron los colegios de abogados de las dos provincias, comparten el hecho de que “la Administración de Justicia precisa de profundas medidas de dinamización y agilización que permita un auténtico cumplimiento del principio de justicia material efectiva”, pero rechazan “la idoneidad de las medidas organizativas y procesales propuestas por entender que no van a conseguir, eficazmente, el objetivo pretendido, pudiendo generar, incluso, efectos perversos no deseados contrarios al fin que las inspira”.

En primer lugar, los procuradores estiman que “ninguna medida” puede poner “en entredicho el principio de defensa de las partes, ni comprometer ninguna de las garantías procesales que el ordenamiento articula pues ello supondría un grave detrimento en nuestro estado de derecho”, afirman. “No es el presente el momento, ni la urgencia la vía, para abordar ambiciosas reformas legislativas, sin tiempo para su asunción efectiva ni su correcta puesta en marcha, lo que sin duda puede generar confusión en los operadores y, por ende, una innecesaria complicación de los procesos”.

Añaden estos operadores jurídicos que, si se parte de la base de eliminar “de entrada” de la propuesta del CGPJ “todas aquellas medidas que afecten a tan necesario principio”, estiman que la reforma ha de plantearse “adoptando auténticas medidas que faciliten la rápida resolución de los asuntos y eviten el colapso”.

Medidas.

Aportan propuestas como “la asunción de mayores funciones y cometidos” por su parte, “en especial en los ámbitos de los apremios y de las ejecuciones”, así como en la “generalización” de la intervención de los procuradores “en la práctica totalidad de los procesos, lo que por otro lado contribuiría a extender la cobertura de la justicia gratuita a más ciudadanos”.

En cuanto a los actos de notificación, consideran que “por respeto al contrato de mandato que rige la relación de los procuradores con sus clientes”, han de ser éstos últimos quienes “determinen cuándo han de ser realizados por sus representantes, garantizándose que sean practicados a instancia de parte y no por decisión unilateral de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ)”, sin olvidar que “esta medida no es posible en el ámbito de los turnos de oficio por los elevados costes de la medida y por carecer de la asistencia que proporciona la condición de funcionario público y de la que carecen los procuradores”, manifiestan.

Por su parte, también se refiere el Colegio de Procuradores de Las Palmas a otras medidas como la reincorporación de funcionarios, jueces y LAJ “de manera progresiva y escalonada en sus funciones habituales”, la fijación de señalamientos por las tardes -”con las debidas precauciones”-, la celebración de determinadas vistas mediante soportes audiovisuales, la simplificación de algunas cargas burocráticas, la realización de pagos mediante transferencias a las cuentas de los procuradores en sustitución de mandamientos, la búsqueda de operativas más ágiles en el proveído de los escritos, la implantación del teletrabajo con los procuradores, etcétera.

En cuanto a trabajar en el mes de agosto, una de las propuestas que más controversia ha generado entre los operadores jurídicos, los procuradores rechazan “por inútil” su habilitación “si no va acompañada de la presencia obligatoria del personal de Justicia (funcionarios, jueces y LAJ) pues de nada serviría”. Además, apelan al “derecho fundamental al descanso de los trabajadores y profesionales tendría que darse en todo caso en algún otro momento del año, sin que puedan vulnerarse las leyes y convenios laborales”.

“Qué duda cabe que a corto y medio plazo será igualmente necesaria una reforma de los procedimientos que tienda al acortamiento de los plazos y la simplificación de los trámites, siempre o sin perder de vista el derecho constitucional a la defensa y a la contradicción”, reflexionan, adhiriéndose “íntegramente a las propuestas elaboradas por el Consejo General de los Procuradores de España”.

Finalizan su comunicado los procuradores manifestando su “voluntad de unión y esfuerzo para superar tan críticos momentos”.

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