Los abogados rechazan las medidas de choque del CGPJ
La Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife expresaron su rechazo a las medidas propuestas por el Consejo General del Poder Judicial para implementar en los juzgados y tribunales en el momento en el que se levante el estado de alarma.
Para estas entidades, resultan inaceptables las medidas que se proponen por el CGPJ por cuanto que suponen, en su opinión, una modificación encubierta de la legislación procesal, con claro recorte y merma de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.
Por una parte, el Colegio de Abogados de Las Palmas (Icalpa) emitió una nota en la que defienden «que la prestación del servicio público de Justicia no puede realizarse sino con el máximo respeto al Estado de Derecho, no vulnerando los derechos fundamentales y mucho menos el derecho a la tutela judicial efectiva». Por ese motivo, reclaman «retomar la actividad judicial pues estamos paralizados, reforzar los juzgados en todas las jurisdicciones, tramitar los procesos pendientes, celebrar los juicios y vistas suspendidas y proponer medidas viables».
«Demandamos compromiso, respuestas claras, avances y confianza. No es momento de modificaciones legislativas bajo el argumento de economía procesal cuando lo que se exige es que bajo la estricta observancia de las normas sanitarias se atiendan los asuntos y trabaje con plena dedicación y prudencia, alzándose la suspensión de los plazos evitando mayor congestión de la existente», hizo saber el Icalpa a través de su decano Rafael Massieu Curbelo.
Según los representantes colegiales de los letrados grancanarios, las autoridades les consideran «un colectivo profesional afectado en muchas de las propuestas obviando que somos operadores jurídicos imprescindibles» y manifiestan su «oposición a la habilitación del mes de agosto, pues ello vulneraría el derecho constitucional reconocido a las vacaciones anuales de los abogados/as, procuradores/as y otros operadores jurídicos, ya que existen otras formas de reactivar gradualmente la actividad para salir de la hibernación en la que nos encontramos, evitando mayores daños y perjuicios a la ciudadanía, a los y las justiciables a quienes nos debemos en el desempeño de nuestra profesión».
«La Abogacía no puede consentir el desamparo en el que se nos quiere colocar, con un trato diferenciado injusto y de gran desprotección mayormente a los y las mutualistas», añade el comunicado.
De esta forma, el Icalpa apoya «íntegramente las propuestas del Consejo General de la Abogacía para la agilización procesal, ante la prolongación anunciada de este estado pues actuar conjuntamente es lo deseable pero haciéndonos cargo todos del escenario incierto en el que nos encontramos.
En Tenerfe.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife considera también inaceptable que se proponga la declaración del mes de agosto como hábil a efectos procesales mientras se pide que se respete escrupulosamente el derecho a las vacaciones de los miembros del poder judicial.
En opinión de esta entidad y que coincide con sus compañeros de Las Palmas de Gran Canaria, el CGPJ se olvida por completo del derecho a las vacaciones del resto de los intervinientes en las actuaciones y procedimientos judiciales, especialmente de abogados y procuradores, pero también de funcionarios policiales, peritos o testigos, «muchos de los cuales tienen que compatibilizar su periodo vacacional con el de sus hijos en edad escolar».
El colegio profesional manifiesta su apoyo a las propuestas del Consejo General de la Abogacía Española para ese momento de reiniciarse la actividad judicial, que sería llevada a efecto por fases, conforme se vayan levantando las distintas medidas de confinamiento y recuperación de actividad «pero respetando en todo caso los derechos y garantías de los ciudadanos y, especialmente, su derecho a una defensa en condiciones y con todas las garantías».
