Kokorev: «La vulneración de mis derechos es salvaje»

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22/01/2019

El empresario hispano-ruso, Vladimir Kokorev, investigado por ser el presunto testaferro del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, valora en esta entrevista la instrucción que, durante 14 años, lo ha mantenido bajo la lupa judicial. La familia Kokorev fue detenida en septiembre de 2015 en Panamá por el presunto blanqueo de 26,4 millones de dólares.

— ¿Qué explica que la instrucción de este procedimiento esté alcanzando un tiempo récord?

— Es algo inexplicable. El caso ya lleva más de 14 años bajo investigación. En dos ocasiones fue archivado por la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. No debe olvidarse. Desde 2009 está en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Las Palmas y me pregunto: ¿si la investigación realmente es tan compleja como dicen, por qué no la trasladaron a la Audiencia Nacional, que es un tribunal especializado con más recursos y medios? Cuando se dicta una orden de arresto se supone que sirve para asegurar la presencia de los investigados en el juicio. En septiembre se cumplen cuatro años desde que fuimos detenidos en Panamá y aceptamos nuestra extradición a España para ser juzgados. Ahora quieren prolongar la instrucción hasta 2020. A lo mejor aún esperan encontrar cualquiera cosa que permita acusarnos de lo que sea y abrir juicio, cargándose todos los estándares de eso que se conoce como debido proceso. Pero en el fondo lo que esperan de nosotros es que un día no lo podamos aguantar más y que aceptemos lo que sea para poner fin a este calvario.

— ¿Qué daños en la salud del matrimonio Kokorev se han producido?

— En estos tres años he pasado tres veces por el quirófano, y no ha sido por gusto. La última operación me la hicieron porque durante un cateterismo rutinario para mejorar la calidad de vida el doctor dijo que había que operarme urgentemente de corazón, que se trataba de vida o muerte, que se tenía que hacer ya, «en cuestión de días». Gracias a Dios me liberaron a finales de enero del 2018 y he podido ser operado, porque si me hubiesen dejado en prisión hasta septiembre, como se pretendía, ahora estaría muerto. No sé cuánto le queda a este caso, pero a este ritmo yo no voy a ver su final. Lo que me está matando literalmente es que no sé lo que se hará con mi familia. Y aunque hoy acabe todo, se cierre el caso y nos dejen irnos, los autoproclamados luchadores por los Derechos Humanos que quieren derrocar a Obiang podrán celebrar que han quitado décadas de vida a mi esposa y a mí.

— ¿Y a nivel profesional?

— La carrera profesional de mi hijo acabó hace 10 años, cuando empezaron las publicaciones sobre los testaferros de Obiang en España, involucrándole sin razón en mis negocios, cuando en los tiempos de Kalunga, Igor era menor de edad. Y de repente, en septiembre de 2009, llegaron aquellos artículos. Fue entonces cuando intenté personarme por primera vez en la causa para explicar lo que fuera oportuno, pero la misma juez que seis años después ordenó nuestro arresto, respondió que no me dejaba personarme porque no entendía que tenía qué ver yo con los hechos que estaba investigando. Es un terrible sarcasmo. Sea como sea, desde entonces mi hijo no tenía ningún futuro profesional en España y rehizo su vida hasta que fue detenido en Panamá y pasó los dos años siguientes de prisión en prisión. Se perdió el nacimiento de su hija, verla crecer. No la conoció hasta el año pasado. Por si fuera poco, ahora no puede abandonar un país en el que a él no le queda nada, en el que su esposa no habla el idioma. Es una tragedia. Cuando Kalunga empezó a tener contratos con el Gobierno de Guinea Ecuatorial, Igor tenía 16 años. Ahora tiene 36 y a este ritmo va a cumplir los 40 antes de que se le juzgue por su supuesta participación.

— ¿Considera que se ha desviado la investigación original?

— Sí y según la Udyco porque comprobaron que los hechos denunciados en la querella no eran ciertos, pero siendo su objetivo certificar el origen ilícito de los fondos recibidos por Kalunga, siguieron investigando para ver si encontraban otro delito que permitiese hablar de blanqueo de capitales. Y en eso están. Una investigación infinita en toda regla, prohibida por las leyes españolas, por cierto.

— ¿Qué ocurre con lo que ustedes llaman «pruebas ilícitas»?

— Esta es una pregunta para los abogados. No sé cómo calificar jurídicamente las pruebas que supuestamente maneja la Udyco, si son falsas, falseadas, manipuladas, tergiversadas, o ilícitas. Hay algunos elementos que son obvios, como el pen drive que dijeron que era de mi hijo, y que cocinaron ellos mismos un mes después de nuestro arresto, o lo que se inventaron del informe del Senado americano sobre el Riggs Bank para pedir nuestra detención. Yo puedo decir dos cosas: primero, todos mis negocios fueron legales; y segundo, mi familia no participaba en mis negocios. Diré una cosa: mis negocios no solo fueron legales, sino que estoy muy orgulloso de todas y cada una de las cosas que hice, muchas de ellas sin mediar interés económico y antes de que a Guinea Ecuatorial llegara el petróleo.

— ¿Qué acciones van a denunciar en la Unión Europea?

— Lo que denunciamos es que ha pasado lo que ha pasado y que sigue su curso. Como si fuera normal en Europa detener a una familia y mantenerla en prisión durante más de dos años, con secreto de sumario para evitar que destruyan pruebas o se fuguen antes del juicio, y después de todo y 14 años de investigación, seguir en fase de instrucción, porque, según la juez, aún no se han podido determinar los hechos delictivos y las personas responsables. Y con un arresto domiciliario ya de más de un año en una isla.

— ¿Por qué hablan ustedes de instrucción policial y no judicial?

— Porque desde el principio la instrucción la llevan dos policías que antes estaban en la UDEF y ahora están en la Udyco y desde entonces se ha empezado a hablar de crimen organizado, porque como son martillo, yo tengo que ser clavo. La juez realmente no sabe ni lo que hace ni lo que escribe en sus informes y cuando le piden algo lo hace y punto. Así es como, mientras en 2009 rechazó mi personación porque no sabe ni qué pinto en el caso, ahora la Udyco ya estaba en aquel entonces por su cuenta investigándome a mí y a mi familia. Las irregularidades o ilegalidades en la investigación son la regla, no la excepción.

— ¿Qué irregularidades considera usted se están cometiendo en las peticiones de ayuda internacional?

— Se ha enviado una treinta de comisiones rogatorias por todo el mundo sin que ninguna autoridad judicial se haya molestado en verificar las justificaciones de la Udyco para pedirlas, si el fondo era auténtico o creado.

— ¿No hay previsión del cierre de la instrucción?

— No, no lo hay. La Juez ha prorrogado la instrucción hasta febrero de 2020, aduciendo que es muy compleja. Eso no quiere decir que la instrucción se cierre en febrero de 2020 y que se abra el juicio oral, solo que a partir de entonces no se podrán iniciar nuevas medidas de investigación. A partir de allí se podrá esperar durante años el resultado de las comisiones rogatorias, informes de la Udyco, etc. La vulneración de derechos es salvaje e inimaginable en una democracia.

— ¿Siguen defendiendo que el suyo es un caso político?

— Que es un caso político es evidente por el contenido de la querella, que más que nada, es una crítica al régimen político de Guinea Ecuatorial. No disimula que la aspiración del querellante es cambiar ese régimen por otro y que la investigación de los supuestos hechos que se denuncian es una oportunidad para avanzar en esa dirección. De hecho, en la web del patrocinador de esta querella, la Open Society Foundation de George Soros, este procedimiento se describe como «Apdhe contra Guinea Ecuatorial». ¿Recuerda lo que dijo Don Quijote antes de atacar los molinos de viento? Dijo a Sancho Panza que con los despojos de estos gigantes «comenzaremos a enriquecernos; que ésta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra». Cuando se habla de aventuras quijotescas, a menudo se olvida que, incluso Don Quijote, tenía aspiraciones económicas. En la Operación Mongomo resulta que, entre los investigados, no hay ni un oriundo de Guinea Ecuatorial y mucho menos de Mongomo. Ni familiares ni amigos del presidente Obiang. ¿Qué otro papel puede tener alguien que se apellide Kokorev en este procedimiento?

— ¿Ha cuantificado el daño que, considera, se les ha producido?

— Nuestro calvario no se ha acabado. Nuestra situación es de muerte civil, somos muertos vivientes. No tenemos libertad de movimiento, no disponemos de nuestros bienes, no tenemos familia en España, llevamos años viviendo fuera. Todo lo que queda de la familia de mis padres está en Israel. Vivos y muertos. Mi padre murió mientras yo estaba en prisión y aún no he podido visitar su tumba. Seguimos viviendo un secuestro que ha destruido nuestra vida normal. ¿Quien puede cuantificar estas pérdidas de la muerte civil? Cuando llegue el día, haré mis cálculos.

Un documental sobre el caso.

«Hay interés internacional por este caso, y diría que lo que no tiene es interés nacional. Se han aprovechado de la justicia española para propósitos que nada tienen que ver ni con España, ni con la justicia. En cuanto al documental, acepté colaborar porque dudo que llegue vivo y en condiciones a ese día en el que las insinuaciones que vierten contra mí se conviertan en acusaciones formales, y pueda defenderme en un juicio oral», dijo Kokorev sobre un documental que está a punto de ver la luz.