Tribunales

La Audiencia Provincial aporta 12 medidas al plan de choque de Justicia

09/04/2020

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trasladará al Ministerio de Justicia un documento en el que se recogen un centenar de medidas organizativas y procesales para desarrollar un plan de choque con el que se pretende evitar un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma. Para la redacción de este documento se han recabado propuestas desde los distintos grupos de trabajo técnico que se constituyeron entre los que figura el presidente del Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, quien aportó doce propuestas referentes al orden penal y civil.

Las medidas, con carácter urgente, afectan a todas los órdenes jurisdiccionales y el CGPJ enviará el documento a los presidentes de los Tribunales Superiores, asociaciones judiciales y operadores jurídicos para que sea debatido en conjunto.

Las propuestas buscan que el sistema judicial sea más ágil cuando se abra el confinamiento

Entre las medidas aportadas al CGPJ por el magistrado hay cuatro que afectan de forma conjunta a las órdenes civil y penal. Emilio Moya propuso crear una Sala en Civil y otra en Penal para la admisión de recursos contra sentencias, rechazando aquellos, cuya pretensión sea insostenible. También la limitación de la extensión de escritos y recursos, incentivar la resolución de los recursos por los propios miembros de la Sala, estableciendo, como si de una tarifa plana se tratara, la resolución, por ejemplo, de un 50% más de asuntos, retribuyéndoles adecuadamente y, por último, la supresión de los recursos de reposición y de reforma.

Penal.

En lo que respecta de forma específica a la jurisdicción penal, el presidente de la Audiencia Provincial propuso cuatro medidas de choque al CGPJ.

La primera de ellas fue la de ofertar comisiones de servicio para la celebración de juicios por la tarde, puesto que considera que la celebración de vistas en agosto no es posible por motivos varios como que los testigos policías, los abogados y los procuradores, entre otros, están de vacaciones.

También el fomento de conformidades evitando, por ejemplo, vistas previas ineficaces y que dilatan en el tiempo los procedimientos. También entendió que sería importante la supresión de las vistas en los recursos en los procedimientos sumarios –contra un auto de procesamiento o una denegación de prueba– o contra un auto de prisión, en este último caso porque, en la práctica, la parte repite verbalmente su recurso de apelación.

Por último, interesó que el traslado para calificar en el procedimiento sumario no sea sucesivo, sino simultáneo, como ya se hace en los procedimientos abreviados. En estos últimos, este trámite se lleva a cabo de forma simultánea para las acusaciones y después, de la misma manera para las defensas.

Civil.

En lo que se refiere al orden civil, Moya trasladó al CGPJ que es importante la mediación obligatoria en asuntos de condiciones generales, la modificar de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 86 para que asuntos de condiciones generales no vayan a una sección especializada, que exista como ya ocurre en lo Contencioso-administrativo la extensión de efectos de una sentencia firme a otras con una idéntica situación y subir el tope de irrecurribles de 3.000 a 5.000 euros y los juicios verbales a una cantidad de 10.000 euros.

Algunas de estas medidas propuestas por Moya incluso precisarían de modificaciones legislativas: «Es que hay gente que no es consciente de que estamos en una situación de crisis mundial imprevisible y hay que adaptarse a estos tiempos que vivimos. No sabemos, además, cuándo vamos a incorporarnos y tenemos mucho trabajo acumulado en los juzgados al que hay que sumar el que entre después. Por eso tenemos que tomar decisiones y medidas contundentes con el fin de agilizar la Justicia», manifestó Moya a este respecto.