Juzgan al arquitecto de Moya por dar licencias a cambio de dinero

15/06/2018

Comienza la vista contra el técnico municipal, acusado de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y prevaricación urbanística. Le piden una multa de 11.520 euros.

El arquitecto jefe municipal y coordinador del departamento de oficina técnica del Ayuntamiento de Moya, Juan José G.R., compareció ayer ante el Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, acusado de haber otorgado licencias de obras de manera ilícita a vecinos del municipio, previo pago de cantidades que oscilaban entre los 400 y los 25.000 euros, según el tamaño del proyecto.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas, en su escrito de calificaciones, considera a Juan José G.R. autor de dos delitos, uno de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y otro de prevaricación urbanística. Por el primero de ellos, interesó que el arquitecto fuese condenado a la pena de 4.320 euros de multa y la suspensión de cualquier empleo o cargo público durante tres años. Mientras, por el segundo de los cargos, el Ministerio Público pidió a la magistrada Ivana Muiños que fuese castigado con 7.200 euros de sanción, además de la inhabilitación para ejercer su trabajo en alguna administración durante nueve años.

A la vista compareció, en calidad de denunciante, la representante legal del Ayuntamiento de Moya, además del propio alcalde del municipio Poli Suárez, el concejal de Urbanismo Armando Raúl Afonso y el secretario del Consistorio, Miguel Ángel Aguiar, que acompañaron a nueve perjudicados que también presentaron denuncia en su momento contra el arquitecto municipal.

Una trama. Juan José G.R. se defendió de las acusaciones en su declaración argumentando que todo había sido un complot urdido por parte del grupo de Gobierno y técnicos del Ayuntamiento de Moya por no pertenecer a su partido político. Pero esta estrategia de defensa fue rebatida por numerosos testigos que pasaron ante la magistrada Ivana Muiños y que detallaron como el arquitecto municipal, presuntamente les realizaba el anteproyecto de calificación territorial para la construcción de diferentes edificaciones, a cambio de sumas económicas que variaban dependiendo del tamaño de los mismos.

Unos testigos afirmaron en la sala que les habían pagado cantidades cercanas a los 400 euros por obras menores, aunque hubo otros presuntos afectados que dijeron haber pagado cifras cercanas a los 15.000 euros en un caso y 25.000 en otro.

Según los responsables municipales, la presunta actividad delictiva del arquitecto de Moya fue detectada a raíz de varias quejas vecinales, que alertaron de que Juan José G.R. estaba cobrando por otorgar permisos. En ese momento, el Consistorio dio traslado a la Guardia Civil que inició una investigación de todos los expedientes que había firmado desde diciembre de 1997.

La vista oral se reanudará hoy con más testificales.