Tribunales / Caso Brisan

En Santa Brígida compraban «sin contrato ni concurso»

19/09/2019

Ayer le tocó el turno de comparecer ante el Tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas a 19 testigos del caso Brisan.

En concreto se trataban de empleados municipales que habían trabajado para el Consistorio de Santa Brígida en la época de los presuntos hechos y que fueron cuestionados por la forma de proceder cuando compraban material a la ferretería Morales Ravelo: «Nosotros comprábamos sin contrato con la ferretería ni concurso. Cuando hacía falta material, íbamos a la ferretería y nos llevábamos lo necesario y solo teníamos que firmar el albarán. Si había dinero, se compraba y ya está», declaró ayer uno de los testigos.

Este caso Brisan sienta en el banquillo al exconcejal del Ayuntamiento de Santa Brígida Luis Manuel Troya, el empresario Pedro Morales y los interventores municipales Jacinto Hernández y Santiago Hernández, acusados de malversación y falsedad documental al validar en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2006, numerosas facturas presuntamente falsas de materiales de construcción y transportes por «servicios no prestados» con el objetivo de «enriquecerse de forma ilícita». Todo ello después de haber arrendado el propietario de la ferretería Morales Ravelo, que está acusado, una parte al concejal Luis Manuel Troya.

«No había control», destacó uno de los testigos acerca de las compras efectuadas a la ferretería, que compartía edificio, teléfono e incluso las mismas facturas que la ferretería Las Casillas, propiedad del concejal.

Lo negaron.

Los testigos trabajadores municipales que prestaron ayer declaración y que iban a adquirir material a la ferretería del imputado negaron haber firmado vales o albaranes de «trabajos que no se realizaron, nunca, jamás», manifestaron.

Según el Ministerio Fiscal, representado por Miguel Pallarés, Troya y Morales arreglaron presuntamente el abono de 260 facturas por trabajos de transporte de materiales atribuidos a la ferretería y que en realidad llevaba a cabo personal municipal con vehículos públicos, sumando una cifra total de 40.494,47 euros «que han incorporado a su patrimonio ambos acusados».