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El martes se aprueba la ‘ley Rhodes’

Con la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia el plazo de prescripción de los delitos más graves no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido los 30 años.

María Eugenia Alonso / Madrid

Jueves, 1 de enero 1970

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Pablo Iglesias se apuntó este jueves un nuevo tanto dentro del Gobierno de coalición al anunciar que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Una ley que ahora ha recaído en la Vicepresidencia segunda, pero cuyo germen está en el Ejecutivo monocolor socialista que llegó a Moncloa tras la moción de censura. De hecho, el anteproyecto fue anunciado por el propio Sánchez en diciembre de 2018.

«Me llena de orgullo. Va a suponer un paso histórico para frenar la reproducción de una realidad execrable como es el maltrato y la violencia contra niños, niñas y adolescentes», dijo el líder de Podemos en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, a donde acudió para informar sobre las medidas adoptadas durante la crisis del coronavirus. Precisamente, fue la pandemia la que ha retrasado la aprobación de esta ley que, en febrero, Pablo Iglesias dijo que adoptaría el nombre de Rhodes, el popular pianista británico afincado en España que estremeció a medio mundo con sus memorias sobre los abusos sexuales que sufrió cuando tenía cinco años.

Una de las novedades que introducirá esta ley es que los delitos más graves contra los menores de edad tendrán una mayor vigencia que hasta el momento, cuando la prescripción comienza a los 18 años. El Gobierno quiere que ese contador empiece doce años después, cuando la víctima haya cumplido los 30 años. Es decir, que podrá denunciar hasta los 45 años, ya que la prescripción de estos hechos -tentativa de homicidio, delitos sexuales, lesiones agravadas, maltrato habitual y trata de seres humanos- oscila entre los cinco y los quince años.

Además, la nueva ley establecerá el deber para todos los ciudadanos de denunciar «de forma inmediata» la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores, y todos los colegios tendrán que contar con una nueva figura, la del «coordinador de bienestar y protección». También se van a establecer protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.

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