Tribunales

Archivo de la causa con reproche de la Fiscalía al alcalde Jesús Díaz

29/06/2020

La autoridad judicial ha decretado el archivo de la causa que investigaba al alcalde de Artenara, Jesús Díaz, y a la concejala de Festejos, Josefa Díaz, por un delito de incendio forestal y otro de prevaricación administrativa al autorizar presuntamente el lanzamiento de fuegos artificiales sin resolución administrativa autorizante del Cabildo, que provocaron dos conatos que quemaron 3.450 metros cuadrados de monte protegido.

La Fiscalía de Medio Ambiente en Las Palmas, en su informe final, determinó que la actuación de los ediles no tenía reproche penal sin perjuicio de que sí lo pudiese haber en otra vía como la civil o la administrativa y les advirtió de que la extrema peligrosidad que conllevan los eventos pirotécnicos en zonas altamente sensibles como es Artenara y más en el mes de agosto.

El Ministerio Público, que denunció estos hechos, entendió tras la práctica de las diligencias, que Jesús y Josefa Díaz llevaron a cabo este evento pirotécnico, por una parte, sin la debida autorización expresa del Cabildo Insular de Gran Canaria, pero contaban a su vez con un informe favorable del Consistorio y los medios de seguridad y extinción necesarios de Medio Ambiente que evitaron que las llamas se descontrolasen y las sofocaron en pocas horas.

Según el Ministerio Público, durante la noche del 26 al 27 de agosto de 2018 y con motivo de las Fiestas de La Cuevita, el Ayuntamiento de Artenara organizó un espectáculo pirotécnico. Sin embargo, y pese a las aparentes medidas de control adoptadas por las autoridades locales, los objetos pirotécnicos –arrojados desde tres puntos de lanzamiento– dieron lugar a la aparición de dos conatos de incendio que sólo fueron controlados sobre las 00:55 horas del 27 de agosto, tras la intervención del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria.

El fuego quemó una superficie de 3.450 metros cuadrados de monte, afectando al espacio natural protegido del Parque Rural del Nublo, la zona de especial conservación de El Nublo Il y un terreno categorizado como suelo rústico de protección agraria.

Autorización.

Previamente, el consistorio cumbrero el 2 de agosto de 2018 se había dirigido al Cabildo Insular solicitando la pertinente autorización para el uso de material pirotécnico y la respuesta les llegó un día más tarde mediante un informe técnico elaborado por el coordinador forestal y jefe del servicio de Medio Ambiente, que informaba favorablemente en cuanto a la realización del evento, si bien establecía unas condiciones cuyo incumplimiento implicaría la anulación automática de la resolución administrativa autorizante que, en su caso, se dictase.

No obstante y pese al informe favorable, cuando tuvo lugar la fiesta «no existía ningún tipo de resolución administrativa autorizante y efectiva» dictada por el Cabildo Insular de Gran Canaria para el uso del fuego y de material pirotécnico en las zonas afectadas, según la Fiscalía.

Dicha resolución era «necesaria» teniendo en cuenta la peligrosidad de un posible incendio en la zona, cuyos datos meteorológicos arrojaron un 6% de humedad del combustible fino y muerto, una probabilidad de ignición del 50%, un nivel de alerta moderada de peligrosidad de incendios y un riesgo de incendio forestal de nivel 5 (extremo).

Así pues, para el fiscal «se ignoró la necesidad de la resolución administrativa autorizante» y «por los responsables municipales no pueden quedar justificadas» únicamente con que el informe favorable del Cabildo «equivalía a una resolución favorable», o que la «falta de autorización expresa del organismo insular tenía los efectos del silencio positivo para determinados actos de la Administración».

Pero para esta parte, a pesar de esa actuación de dudosa legalidad, «existían otros organismos perfectamente implicados y al corriente de medidas preventivas y de seguridad», así como de la organización del evento como eran la Policía Local de Artenara, la Guardia Civil y el personal del Cabildo Insular de Gran Canaria. Ellos «tenían conocimiento pleno y efectivo» y «difícilmente puede asumirse» que la realización de los fuegos artificiales «tuvieron lugar sin que el propio Cabildo Insular estuviera perfectamente al tanto de cuanto iba a acontecer». Abunda el fiscal en que no constaba que existiera «ningún tipo de oficio, comunicación o escrito dirigido desde el Cabildo al Ayuntamiento indicando que no existía resolución autorizante para el evento pirotécnico».

De la instrucción se dedujo que, tanto por Medio Ambiente del Cabildo como por las declaraciones testificales, «se habían adoptado medidas de colaboración en la prevención y control de cualquier incendio o conato que pudiera tener lugar» en Artenara durante esa noche y tales hechos «dan lugar a plantearnos si la actuación de los responsables consistoriales pueda estar exenta de responsabilidad criminal», apunta la Fiscalía.

Porque «no es lo mismo organizar un evento de riesgo contra el parecer de otros organismos municipales o careciendo de título habilitante para ello», que hacerlo «careciendo de resolución expresa pero contando con medios materiales y logísticos de apoyo en la prevención de riesgos y seguridad de las fiestas», lo que implica un «conocimiento anterior y una aquiescencia, al menos tácita, del Cabildo» que debió otorgar la autorización, apunta. Y porque «la presencia de tales efectivos no fue meramente testimonial», sino «absolutamente efectiva y eficaz en la contención del incendio».

Por estos motivos, la Fiscalía informó de forma favorable a excluir la aplicación del tipo delictivo sobre este proceder del Ayuntamiento, pero advirtió que «otro asunto bien distinto es que la actuación municipal sea objeto de reproche en vía distinta, ya civil o administrativa, y que ello pueda dar lugar a la exigencia de responsabilidades disciplinarias o civiles a cargo de la administración municipal y de sus más directos responsables en la organización de los festejos».

‘Tirón de orejas’.

Por último y como «consideración particular», el fiscal delegado de Medio Ambiente Carlos Fernández Seijo, advirtió a «los responsables políticos», «técnicos y responsables del Cabildo de Gran Canaria», que se planteen «seriamente si aún resulta oportuno y sensato que, en pleno siglo XXI, con otros medios electrónicos y técnicos más adecuados» y superado «desde hace décadas el impacto y el furor popular que la realización de eventos pirotécnicos pudo tener», deban seguirse planificando y llevando a cabo la realización de eventos pirotécnicos de este tipo.

Los mismos son, a juicio del fiscal, «siempre peligrosos y que, en entornos de naturaleza o ecología altamente sensible», no sólo conllevan un «alto riesgo de incendio forestal sino también, costes económicos y administrativos» que, con otras «soluciones lúdicas menos gravosas para el contribuyente», serían «muy fácilmente evitables».