Ante la jueza por gestionar una flota de taxis

10/11/2018

Visto sentencia el juicio que ha sentado en el banquillo a Francisco José R. Q., quien ha sido acusado por el Ministerio Fiscal de haber ocultado de manera deliberada los beneficios económicos que obtuvo de la gestión de 34 licencias de taxis de Las Palmas de Gran Canaria entre los años 2005 y 2007.

En la vista, la fiscal delegada de delitos económicos, Evangelina Ríos, elevó a definitivas su petición de condena de 961.294 euros de multa por las infracciones cometidas durante los tres años en los que operaron esas licencias, nueve años de cárcel por tres delitos contra la hacienda pública y una indemnización en concepto de responsabilidad civil a la Agencia Tributaria de Las Palmas de 480.620 euros. Por su parte, la defensa del presunto flotero ejercida por el letrado Alberto Hawach interesó la libre absolución de su patrocinado argumentando que la investigación ha estado viciada porque antes de iniciarse el proceso ya había unas diligencias abiertas contra Francisco José R. Q., de las que éste nunca fue informado, que se han cometido varias vulneraciones de la intimidad del acusado y que, según la ley, los delitos de los que se le acusan ya han prescrito.

Según la Fiscalía, el acusado, durante los años señalados, estaba dado de alta en tres epígrafes distintos del Impuesto de Actividades Económicas: Comercio menor de accesorios y recambios de vehículos, reparación de automóviles y bicicletas y transporte para auto-taxi. Pero según la denuncia, Francisco José R. Q. realizaba actividades paralelas como comisionista, con pólizas de Mapfre dentro del sector del taxi. Además, en 2005 montó un surtidor de la BP donde acudían todos los vehículos de su flota.

En 2005 y 2007 llegó a explotar 34 licencias de taxi, por las 36 que gestionó en 2006 y lo hacía, según la fiscal, a través de una organización en la que contactaba con usuarios de licencias que estaban al borde de la jubilación o buscaba viudas de titulares fallecidos. Entonces se comprometía a abonarles 500 euros al mes a cambio de la explotación de las licencias y se hacía cargo del mantenimiento de las mismas. Posteriormente, buscaba dos asalariados por taxi que se repartieran el día en turnos de 12 horas, en los que debían abonar una cantidad de entre 42 y 48 euros –según el año– y el depósito de carburante lleno. El beneficio para los conductores es el que lograran una vez alcanzada esa cantidad. Posteriormente se dejaba el sobre con el dinero del querellado en un cajetín.

Francisco José R. Q. presentó declaraciones en las que dejó una cuota debida a Hacienda de 2.286,57 euros en 2005, 522,62 euros en 2006 y 6.478,48 en 2007. Según la denuncia, en todas estas declaraciones omitió consignar importantes ingresos derivados de la explotación numerosa de licencias y fue la AEAT la que comprobó que los ingresos de esos años ofrecieron un rendimiento de 284.450,37 euros en 2005, 315.830,42 en 2006 y 376.054,36 en 2007. La Fiscalía sostiene que, por lo examinado en sus declaraciones, el acusado cometió tres delitos contra la Hacienda Pública.