El fiscal cree que ayudó a su hermano policía quitándole una sanción de tráfico en perjuicio de otros denunciados.

Acusan de prevaricación al jefe de Multas municipal

10/02/2018

El jefe de Negociado de Multas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sido acusado por la Fiscalía de un delito de prevaricación administrativa al considerar que ayudó a su hermano policía quitándole una sanción de tráfico, y no hizo lo mismo con otro conductor que fue sancionado en el mismo sitio y hora con unas alegaciones idénticas.

El acusado A. R. A. B., funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que ocupa actualmente el cargo de jefe del negociado de multas, ha sido acusado de prevaricación en un escrito firmado por la fiscal Beatriz Sánchez, que pide de pena la inhabilitación especial para el empleo en la función pública municipal de ocho años y seis meses,

Según el relato del Ministerio Público, el vehículo propiedad del hermano del investigado, que es policía municipal de la capital, fue multado el 25 de octubre de 2014 por la Policía Local por «estacionar el vehículo en zona señalizada temporalmente para manifestación deportiva. Evento LPA Night Run 2014» y por ello, le fue incoado un expediente sancionador. Añade la fiscal que, «para beneficiar a su hermano y abusando de sus funciones», el 1 de diciembre presentó el sancionado un escrito de alegaciones contra la multa, sin argumentar más motivo que, según el documento, «la prohibición de estacionar estaba mal señalizada». Por ese motivo, el funcionario encausado propuso el «sobreseimiento de expediente sancionador mediante resolución de fecha 1 de diciembre de 2014, que pasó a la firma del jefe de servicios de Tributos y del director general de Recursos Humanos y Seguridad del Consistorio», reza el escrito.

Pero se da la circunstancia de que ese mismo día, en idéntico lugar y a la misma hora, fue también multado el vehículo propiedad del denunciante que recurrió la sanción «por igual motivo y más argumentación, pero sus alegaciones fueron rechazadas por el acusado», haciendo presuntamente un mal uso de su cargo de jefe del negociado de multas.

Tras este hecho, el afectado fue a hablar al Ayuntamiento con el encausado, conversación que grabó, y en la que el funcionario negó que fuera a estimar el recurso y, según el archivo de voz aportado en la causa como prueba, como responsable de las multas de Ayuntamiento, se las quitaba a quien estimara oportuno.

La fiscal Beatriz Sánchez considera que estos hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, por el que interesa para A. R. A. B. una pena de inhabilitación especial para el empleo en la función pública municipal de ocho años y seis meses, además del pago de las costas.

La libre absolución.

Por su parte, la defensa legal del acusado ha mostrado su total disconformidad con el relato de hechos realizado por el Ministerio Fiscal y considera que los mismos no son constitutivos de delito alguno, por lo que interesa la libre absolución de su patrocinado. También ha impugnado una buena parte de la prueba documental de las actuaciones, además de las grabaciones de audio aportadas en las que se escucha al denunciado discutiendo con el denunciante, puesto que considera que se obtuvieron de manera ilegal, además de que cree el letrado que se rompió la cadena de custodia de la misma y está manipulada, concluye.