Imagen de archivo de una concentración pidiendo la aprobación de la ley de la eutanasia el pasado diciembre en Madrid. / EFE

Al menos tres personas han iniciado en Canarias el procedimiento para acceder a la eutanasia

El archipiélago ya ha nombrado a la comisión de garantías y abierto el listado de profesionales objetores, pasos imprescindibles para aplicar la ley

Luisa del Rosario
LUISA DEL ROSARIO Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es una de las pocas comunidades que hizo sus deberes a tiempo y creó la comisión de garantías para la adecuada aplicación de la ley de eutanasia dentro del plazo previsto. La misma, compuesta por cinco médicos o médicas, dos personas de Enfermería y cinco juristas, aún no se ha reunido, por lo que Sanidad no tiene datos oficiales sobre cuántas personas en el archipiélago la han solicitado. Con todo, la directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, Elizabeth Hernández, cree que al menos «unas tres personas» han iniciado el proceso deliberativo «en nuestra comunidad». Pacientes, señala Hernández, con enfermedades crónicas severas que ya venían reclamando en las islas esta prestación.

«Llevamos trabajando el procedimiento y el desarrollo desde que se publicó la ley y el real decreto», explica Hernández. De hecho, añade, ya se puede acceder, a través de la a web del Gobierno canario a una «pestaña» en la que se explican todos los pasos y se pueden descargar los documentos necesarios para solicitar este derecho. Cabe recordar que se contempla la eutanasia para personas que «deseen poner fin al sufrimiento que puede producir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante», señala la ley. No obstante, se trata de un procedimiento «muy garantista», reconoce Hernández, que requiere varias etapas. «La solicitud se hace a través de un médico responsable», que elige el paciente y su familia. Con este profesional se inicia una «consulta y debate» que se gestiona «con mucha delicadeza». Hernández recuerda que se dan alternativas. «Tras la primera entrevista se inicia un proceso deliberativo y hay que volver a hacer una segunda solicitud con el mismo médico. Se valora qué se ha entendido y después de esa segunda consulta se pasa al medico coordinador que estudia si el paciente cumple o no con los requisitos» que marca la ley. Una vez que la solicitud pasa este segundo filtro, se debe elaborar un informe y si es favorable se traslada al comité de garantías y evaluación que es el órgano que dictamina una resolución. Si se aprueba, «es a partir de ahí cuando se inicia todo el proceso», señala Hernández.

Todo ello, además, se regula por unos plazos. «La ley es bastante estricta, desde que presentas la primera solicitud por escrito delante de un profesional sanitario, tienen que pasar dos días hasta que el médico responsable se sienta con el paciente para averiguar si tiene dudas o no. Y luego se inicia otro proceso, según la ley cinco días, nuevamente el médico responsable vuelve a confirmar. Si tras esos cinco días la persona sigue diciendo que sí, el responsable se lo pasa al médico consultor para que corrobore si la petición se ajusta o no a la ley y debe redactar un informe y no deben pasar más de 24 o 48 horas hasta que se finalice y si es positivo debe pasar al comité de garantías que tendrá dos días para resolver.

Hernández es consciente de que cierto número de profesionales va a acogerse a la objeción de conciencia, posibilidad que también está abierta a través de un formulario en la web de Sanidad. «Sabemos que estos temas pueden ser complicados, como cuando la ley del aborto. Al principio hubo algunas disfunciones», pero «como Servicio Canario de Salud tenemos que velar porque se corrijan, se trabaje y que no se deje al ciudadano sin recibir la prestación. Que hay un debate ya lo sabemos, pero este es un derecho de la ciudadanía», abunda. La población, explica, ya estaba preparada para una ley así, por eso Hernández, que recuerda que se puede objetar y también revocar esa decisión. Además, el SCS hará cursos de formación entre el personal sanitario. «Me preocupa, al principio, la presión que pueden tener algunos profesionales», especialmente en los centros más pequeños, lamenta la directora general de Programas Asistenciales.