Los trabajadores sociales piden más concreción en la nueva fórmula para valorar la dependencia

El Colegio de Trabajo Social de Las Palmas ha expresado a través de un comunicado su «gran preocupación e inquietud» por el proceso y métodos que se están utilizando para elaborar el decreto que regulará el procedimiento para reconocer las situaciones de dependencia y el derecho de acceso a las prestaciones para la autonomía y atención a la dependencia en Canarias y piden la apertura de mesas de trabajo para abordar el tema.

Los profesionales insisten en que es necesario seguir mejorando el contenido de este proyecto de decreto al entender que «muchas cuestiones que no pueden quedar para reglamentos o instrucciones internas posteriores, de cara a evitar interpretaciones, conflictos y problemas en la ejecución del procedimiento, tal como está sucediendo en la actualidad».

Aseguran que hay que poner especial cuidado en la elaboración de esta norma que redundará de manera directa en la atención a las personas en situación de dependencia.

Desde la organización colegial se asegura que la Consejería canaria de Bienestar Social ha elaborado el proyecto de decreto siguiendo los ejemplos de otras comunidades autónomas, como Madrid, si bien aseguran que «no se ha legislado de la misma manera en detrimento de la ciudadanía».

En la nota, reclaman que la nueva norma establezca «mecanismos durante todo el proceso que garanticen la calidad, equidad y uniformidad de criterios en las valoraciones», aclarando qué aspectos del contexto sociofamiliar de la persona se van a valorar, si se mantendrá el derecho a la prestación aunque la persona no haga uso de la misma, que se especifique qué profesionales intervendrán en cada paso del procedimiento y que se refuerce el procedimiento dentro de la estructura del Sistema Público de Servicios Sociales.

Además, desde el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas califican de insostenible la lista de espera para la valoración de la dependencia y reclaman fórmulas que posibiliten la agilización del procedimiento para acortar los plazos.

Sin embargo, el Colegio afirma que «esto nunca debe ser a costa de comprometer la calidad y la integridad, tanto del procedimiento de valoración como del reconocimiento de derechos a las personas en situación de dependencia».

«Ni todo vale, ni los fines pueden justificar los medios para acortar plazos y agilizar procedimientos», añaden en la nota en la que aseguran que comprometer la calidad del procedimiento atenta contra un pilar básico de la administración pública.

El colectivo profesional concluye advirtiendo que «seguirán trabajando para asegurar que las modificaciones y cambios en esta normativa se realicen con el máximo respeto por los derechos de las personas en situación de dependencia y a la profesionalidad de quienes los atienden.

Por ello, demandan de manera urgente a la Consejería de Bienestar Social que abra «mesas de diálogo y trabajo adicionales con las entidades que muestren su disposición de seguir revisando y ajustando el proyecto de decreto antes de su aprobación final, como es el caso de esta institución».

Según los cálculos de la organización colegial, solo se han tenido en cuenta un 46,38 % de las alegaciones presentadas por entidades y particulares al borrador del decreto, un 48,19% no se han tenido en cuenta y un 5,42% se atendieron de forma parcial».

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