Dependencia en Canarias: el mismo perro con distinto collar

Suena bien, ¿verdad? Esperanzador, justo, necesario. Pero, lamentablemente, profundamente irreal.

Este nuevo decreto no aborda los problemas estructurales que arrastra el sistema de atención a la dependencia en Canarias. Todos sabemos cuál es el núcleo del problema: una insuficiente dotación presupuestaria, la escasez de personal estructural, más de una década de mala gestión en el área y el rotundo fracaso de dos Planes de Infraestructura Sociosanitaria.

Entonces, ¿qué trae de nuevo este decreto? Poco, salvo una única promesa mínimamente realizable: unificar en una sola visita las dos fases del procedimiento —el reconocimiento del grado de dependencia y la asignación del recurso más adecuado—, con la supuesta participación activa de la persona solicitante. Pero incluso esta medida está por ver.

El éxito de esa primera visita dependerá en gran medida de la formación, pericia y sensibilidad de los profesionales encargados de detectar la realidad diaria del solicitante: su entorno familiar (ya sea de sobreprotección, aislamiento o incluso maltrato), su salud física, cognitiva y mental, los procesos de recuperación en curso o los episodios/brotes que aún padece, entre muchos otros.

En cuanto a la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), el proceso ha quedado en un trámite sin alma: una casilla en una lista de espera debido a la escasez de recursos o, en el mejor de los casos, la asignación de una prestación económica precaria que delega en la familia lo que debería ser una responsabilidad pública. No hay por tanto un trabajo centrado en la persona, está centrado y adaptado a las miserias del sistema.

La gran apuesta del Gobierno es la externalización. Se favorece el recurso privado mediante prestaciones económicas vinculadas, enriqueciendo así a unos pocos con dinero público y sin mecanismos de control o supervisión reales.

Algunos dirán que esa función la cumple el servicio de acreditación e inspección de centros, pero la realidad es otra: falta personal, no existen directrices claras y la descoordinación es la norma. Aun así, hay que reconocer la labor encomiable de los técnicos del área, que hacen lo que pueden con lo que tienen.

El informe elaborado por la Diputación del Común en 2019 ya alertaba de muchas de estas carencias. Y la respuesta de algunas empresas implicadas fue, sencillamente, nula, a pesar de tener la obligación legal de colaborar. ¿Dónde están las competencias para fiscalizar estas actuaciones? ¿Quién asume la responsabilidad por la desidia, la incompetencia y la mala gestión que afectan directamente a la salud —y en algunos casos a la vida— de las personas dependientes?

No todo vale, señora consejera. Este decreto no supone ningún avance real. Es, simplemente, «el mismo perro con distinto collar». La soberbia del equipo responsable del área les impide ver más allá, y no atienden a quienes llevan 18 años escuchando a familias, viendo errores repetirse y también experiencias de mejora cuando hubo voluntad política y capacidad de gestión.

Debemos dejar de compararnos con otras comunidades autónomas, especialmente cuando no invertimos lo mismo ni enfrentamos las mismas realidades sociales, demográficas y geográficas.

Lo que sí debemos hacer es reconocer a quienes, con verdadera vocación y entrega, han sostenido este pilar esencial del bienestar social, incluso en medio de la desmotivación, el autoritarismo y la indiferencia institucional.

Sí, necesitamos un nuevo marco normativo que responda a las nuevas realidades. Pero este debe construirse desde el compromiso, la responsabilidad, la cooperación interadministrativa y la financiación suficiente. Y, sobre todo, desde el respeto a todas las personas y colectivos que trabajan para cuidar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Porque no se trata solo de redactar normas: se trata de dignidad, de justicia social y de humanidad.