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El Consejo de Gobierno aprobó este lunes el proyecto de decreto que regula el sistema de atención a la dependencia en Canarias para abordar «uno de los desafíos más importantes que tiene ante sí Canarias, dar una respuesta real y efectiva» a las personas en esta situación», según señaló Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
«Lo que se propone es la sustitución del procedimiento bifásico por uno monofásico, en el que los trámites de valoración del grado de dependencia y la aprobación del PIA [el plan individualizado de atención] se realicen en una única resolución y con una única visita domiciliaria», añadió.
La consejera afirmó «todo está preparado» para poner en marcha el decreto, desde los aplicativos informáticos y al personal necesario: «Hemos estado actualizando los equipos, los aplicativos informáticos necesarios, así como la formación al personnal que llevarán a cabo el mismo. Con el presupuesto se aprobó un plan de choque de personal para varios departamentos de la consejería, entre ellos la Dirección General de Dependencia». Según Delgado, este personal ya estará operativo «en las próximas semanas, por lo que habrá personal suficiente». Además, dijo que hay un plazo de implementación del decreto de tres meses en el que «convivirán los dos sistemas, porque tenemos que finalizar los expedientes que hayan solicitado por el sistema anterior y los expedientes nuevos convivirán durante un tiempo.
Según la consejera, este nuevo sistema «logrará reducir las listas de espera en dependencia porque el esfuerzo que se hemos hecho hasta ahora de la disminución del tiempo en más de un 30%, unos 8 meses, no es suficiente y teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma aún más notable el tiempo en el que se concede el grado de dependencia y la posterior PIA y el posterior establecimiento de prestaciones vinculadas». Con el decreto, aseguró, se lograrán «unos plazos más razonables para que las personas que tengan una atención digna y se reduzcan las listas de espera».
El Gobierno destaca que este sistema monofásico se asemeja al que tienen implantados comunidades autónomas como el País Vasco «donde el tiempo de resolución son 136 días o Castilla y León con 128 días». Esos tiempos reducidos también se establecen en otras comunidades autónomas en Madrid en torno a los 288 días y en Cantabria 214, «un poco por encima de los seis meses exigidos por la ley que son los tiempos que no queremos mover desde este Gobierno de Canarias», dijo Delgado. Actualmente, las islas arrastran un tiempo de espera de 556 días.
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