El personal de Bienestar Social denuncia múltiples deficiencias que dificultan su labor

Los trabajadores de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha expresado públicamente su malestar por la «trayectoria de abandono y desidia» del departamento, así como «el actual desmantelamiento» del sistema público dirigido a la atención de los más vulnerables.

En un comunicado, el Comité de Empresa, presidido por Francisco Gómez, denuncia que el departamento está sufriendo un proceso marcado por «reiteradas encomiendas de gestión sin control, seguimiento ni supervisión, la externalización de los servicios y su creciente privatización».

En un escrito dirigido a la Consejería, los representantes de los trabajadores han expuesto las precarias condiciones laborales que sufren, «con mayor énfasis en el personal de escuelas infantiles o los vergonzosos retrasos en la tramitación de expedientes relacionados con pensiones no contributivas, la Renta Canaria Ciudadana, discapacidad o dependencia».

Por ello, el Comité de Empresa exige medidas urgentes y concretas con las que revertir la situación. «Es necesario que se establezcan protocolos claros, se aumenten los recursos humanos y materiales, se mejore la planificación y se dé prioridad a la atención de los colectivos más vulnerables», subrayan .

La falta de medios está repercutiendo en el estrés y la desmotivación del personal de la Dirección General de Discapacidad, que ve cómo aumentan las solicitudes cada año sin que se incremente la plantilla.

En Dependencia denuncian cambios sustanciales en los procedimientos y el envío de correos masivos fuera de su jornada laboral, entre otras cuestiones.

Las bajas laborales en Igualdad impedirán la ejecución de subvenciones, advierten.

Mientras que en Protección a la Infancia y las Familias están recibiendo apercibimientos de la Fiscalía por no responder a los expedientes en tiempo y forma.

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