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Un momento de la rueda de prensa de Acufade y el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Cober

De 600 a 60 días: la propuesta ciudadana y alternativa al nuevo decreto de Dependencia

Menos burocracia, trámites mas ágiles y desde los centros de salud. Así es la iniciativa de la asociación de cuidadoras Acufade y el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias

Luisa del Rosario

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 15 de mayo 2024, 13:16

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La Asociación de Cuidadoras Acufade y el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias presentaron este miércoles su alternativa al nuevo proyecto de decreto de Dependencia que prepara la Consejería de Bienestar social y al que tildan de «inalegable» porque «no hay por dónde cogerlo». La propuesta que han elaborado, y que han denominado 'De 600 a 60 días' explicaron, reduce la burocracia, agiliza los tramites reduciendo los tiempos de espera de los 600 días de media a los dos meses y centra el procedimiento en los centros de salud.

«Es un procedimiento de gestión de la dependencia ágil y a la altura de lo que nos merecemos la población canaria», dijo Elena de Felipe, directora de Acufade. «En Canarias la dependencia es un procedimiento lento, engorroso, un laberinto lleno burocracia», lamentó. «Estamos cansadas de declaraciones de responsables políticos diciendo que están en ello. La ¡dependencia en Canarias es un problema que ocupa muchos titulares y muchas declaraciones pero muy pocas propuestas», añadió.

Por eso, cuando la Consejería sacó a información pública el nuevo decreto «tanto Acufade como el Observatorio analizamos la propuesta, estudiamos bien sus pormenores para ver en qué medida presentábamos alegaciones». Y se dieron cuenta de que la alternativa era «elaborar un nuevo decreto. Una propuesta coherente, racional, lógica y humana», afirmó De Felipe.

Tres pilares

El procedimiento que proponen se basa en tres principios. Por un lado, desburocratizar. «El papeleo no puede ser más importante que la gente, es un elemento de coacción institucional», afirmó Elena de Felipe. El segundo principio es la «descentralización». «Canarias es un archipiélago, sin embargo no lo vemos tan obvio a la hora de distribuir recursos. Los derechos deben acercarse a la gente». La ciudadanía, añadió, debe pasar por un «triatlón» hasta «conseguir su derecho». Y el tercer pilar es «la coherencia». Las decisiones, añadió, «tienen que tener la realidad».

El procedimiento actual es «un calvario»

El procedimiento para la obtención de la dependencia en Canarias es «un calvario», dijo Elena de Felipe, quien relató los sucesivos pasos empezando por la cita médica para pedir un informe de salud a la llamada de la trabajadora social para la visita, las citas en los servicios sociales municipales o la segunda visita para el PIA hasta que se entra en «lista de espera» para «acceder a un servicio público o para entrar en las prestaciones económicas. A día de hoy en este periplo nos situamos en torno 628 días de espera. Pero les quiero recordar que venimos de hasta 1.000 días. Tres años de espera. Y esto si no contamos con las reclamaciones, solicitudes revisión del grado y un largo etc». Al final, continuo De Felipe, «para muchas personas el coste es que termina su vida sin tener ese derecho reconocido». Por eso «lo que nos trae hoy aquí es modificar este auténtico calvario, este castigo».

Desde los centros de salud

La alternativa que proponen es solicitar la dependencia «ante la trabajadora social del centro de salud». Será ella que «inicia el expediente y recaba la documentación que se necesita porque toda la documentación la tiene la administración. En esa misma consulta se deriva a la persona a su médico o médica de cabecera para la elaboración del informe de salud. Y en esa cita el personal médico y de enfermería visita en el domicilio a la persona para la valoración de grado. El informe de salud lo suscriben dos profesionales sanitarios y pasa de nuevo a la trabajadora social para elaborar el PIA». Así, en este proceso, dijo Elena de Felipe, ««amos que se ha pasado de 600 días a 60» lo que es «garantizar de verdad un derecho» a la ciudadanía.

Violencia institucional «por omisión»

En el mismo sentido se pronunció Emma Colao, presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. «Este decreto trata de reducir la carga temporal, burocrática y la violencia institucional por omisión de las administraciones públicas sobre la ciudadanía», afirmó. Porque «no hay que decidir entre simplificar a la gente la vida o a la administración su trabajo. Se pueden hacer las dos cosas».

Colao lamentó que la Dirección General de Dependencia fuera la 'María' de todas las direcciones generales del Gobierno canario y recordó que al redactar la propuesta se dieron cuenta de que el archipiélago había sido pionero en implantar la enfermería comunitaria, pero se ha «bloqueado».

En Dependencia el 70% del personal trabaja por un contrato programa con el Imserso que cofinancia al 80% y que finaliza el 31 de diciembre de este año, dijo Colao. «Si no se ha logrado renovar o incrementar la RPT el 70% de ese personal va al paro y los 600 días de espera pueden volver a subir a 1.000», advirtió. «Nuestra propuesta habla de racionalizar el presupuesto». Y es que frente a las «menos de 20 valoradoras» que hay en Canarias, «solo en Tenerife hay 34 profesionales de enlace». Además, añadió, «son los centros de salud los que mas conocen a las personas mayores, están al lado de su casa y cuentan con trabajadoras sociales, enfermerías… El personal que ya existe es superior al personal de Dependencia y solventan su procedimiento este al lado de su casa».

Frente a eso, hoy, «la única garantía que se tiene de Dependencia es que la gente puede morir sin ver reconocido su derecho», afirmó Colao.

Acufade y el Observatorio pretenden ahora iniciar una ronda de consulta con otros agentes sociales para «entender con otros ojos» su propuesta al tiempo que rechazan el «negacionismo» de que Dependencia «no se puede resolver».

«Este decreto cumple con el marco normativo de esta estructura que nos han puesto», en referencia a las normativas que afectan al procedimiento de dependencia. «No vemos ninguna excusa para que el debate no sea con generosidad y que el decreto 'De 600 a 60' sea una realidad», añadió.

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